Archivan causa contra exministra Nilda Romero por enriquecimiento ilícito
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió desestimar la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada contra la exministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz. La decisión respondió a un pedido del Ministerio Público, que constató una correspondencia razonable entre los ingresos y los bienes declarados por la exautoridad.
La causa se inició el 4 de diciembre de 2019, tras una denuncia del abogado Darío Ortega en representación de la Contraloría General de la República. El reporte inicial señalaba presuntas inconsistencias patrimoniales, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal.
La fiscala Elena Fiore Franco solicitó informes a múltiples organismos, entre ellos el Comando de la Armada, Comisión Nacional de Juegos de Azar, Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de Justicia, Registros Públicos, municipalidades, Registro Automotor y entidades financieras. El objetivo fue verificar si existían elementos objetivos que sustentaran el tipo penal previsto en la Ley 2523/2004.
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En el proceso administrativo, la Contraloría abrió un expediente y recibió los descargos de Romero, con explicaciones sobre las observaciones iniciales. Tras su revisión, el equipo auditor concluyó que las correcciones presentadas resultaban pertinentes, atribuyendo las inconsistencias iniciales a errores de exposición en las declaraciones patrimoniales.
El análisis posterior permitió confirmar que, aunque en un primer momento la proyección patrimonial mostró diferencias, la evaluación final evidenció correspondencia entre ingresos y evolución de bienes. La revisión abarcó el periodo 2011-2018 y culminó con la Nota CGR N.º 4162 del 25 de septiembre de 2024, donde la Contraloría concluyó que no existían desajustes patrimoniales.
En su resolución, el juez Estigarribia consideró que la investigación fiscal incluyó diligencias exhaustivas y que, a la luz de los resultados, no se configuraba el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Por ello, resolvió dar por concluida la causa conforme a lo solicitado por la agente fiscal interviniente.
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El fallo implica el archivo definitivo de la denuncia y deja sin efecto cualquier proceso penal en contra de la exministra. La decisión fue comunicada a las partes, quedando firme en ausencia de recursos.
Con esta resolución, la investigación que se extendió por casi cinco años cierra sin imputaciones, y se ratifica la validez de los descargos presentados ante el órgano de control. El caso se suma a otros procesos en los que la Contraloría ha corregido proyecciones iniciales tras revisiones técnicas de las declaraciones juradas.
Fuente: Última Hora
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