Convocan foro ciudadano sobre el Presupuesto 2026

La organización Me Sumo-Diálogo Ciudadano convocó al primer foro ciudadano para debatir la orientación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026. El evento se realizará el jueves 7 de agosto, a las 18:30, en la Universidad Jesuita de Asunción.

La iniciativa busca generar un espacio público de análisis sobre cómo deberían distribuirse los recursos estatales, con base en los principios de un Estado Social de Derecho. Participarán los economistas Luis Rojas y Rodrigo Ibarrola, quienes abordarán los principales desafíos del gasto público.

Entre los temas anunciados figuran la inversión efectiva en salud y educación, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y la revisión de leyes que amparan privilegios en la estructura del Estado. La organización plantea la necesidad de cambiar mecanismos que debilitan la equidad fiscal.

El foro lleva por título “¡Foro urgente: El Presupuesto que Paraguay necesita!”, y propone como consigna la construcción participativa del PGN. La invitación subraya que los recursos públicos deben responder a derechos garantizados en la Constitución Nacional y no a intereses sectoriales.

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Me Sumo está integrada por referentes sindicales de varias décadas, y desde junio se encuentra monitoreando el proceso presupuestario en curso. En ese mes, la organización emitió un comunicado pidiendo mayor control ciudadano sobre la elaboración del plan de gastos del Estado.

Según el cronograma del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), todas las instituciones públicas ya presentaron sus anteproyectos. Ahora corresponde al MEF consolidar esos datos y entregar el proyecto oficial al Congreso antes de fin de agosto.

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El Congreso Nacional iniciará el estudio del PGN 2026 en septiembre. Las cámaras legislativas tienen plazo hasta el 20 de diciembre para aprobar la Ley del Presupuesto, que luego debe ser promulgada por el presidente de la República.

La organización instó a la ciudadanía a participar activamente en las discusiones, señalando que la falta de incidencia social permite la persistencia de leyes que priorizan intereses corporativos por encima de los derechos sociales fundamentales.

Fuente: Última Hora