Caso Caaguazú: Presentan denuncia penal por crímenes de la dictadura stronista

El exsenador Pedro Santacruz y sobrevivientes de la dictadura stronista formularon una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad. La acción judicial aborda las torturas y desapariciones forzosas cometidas por el régimen dictatorial en el denominado caso Caaguazú. Los hechos afectaron a opositores políticos durante el año 1980.

La presentación jurídica identifica a torturadores y a personas que brindaron soporte político para la ejecución de los crímenes descritos. Entre los denunciados aparece el exsecretario del temible ministro del Interior, Sabino Montanaro, Darío Filártiga, actual embajador en Taiwán.

También figura Eusebio Torres, quien ya cuenta con dos condenas previas por hechos de similar naturaleza.

El escrito resalta la imprescriptibilidad y el carácter universal de los delitos de lesa humanidad como fundamento principal. Los denunciantes afirman que en el caso Caaguazú ocurrieron asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y privaciones ilegítimas de libertad. Por ello, exigen la investigación del Ministerio Público.

Origen de la persecución campesina

El contexto histórico comenzó en 1972, cuando 50 familias de Misiones fueron asentadas en el departamento de Alto Paraná. La ocupación de tierras del Instituto de Bienestar Rural contó con el permiso de su entonces titular, Juan Manuel Frutos. Dos años después, en 1974, un grupo militar al mando del suboficial Santos López intimó al abandono de las parcelas.

Los uniformados alegaron que las tierras eran reclamadas por el general Milcíades Ramos Giménez. A partir de allí, el asentamiento sufrió hostigamientos constantes de la Delegación de Gobierno de Alto Paraná y de la policía local. En los atropellos participaba la esposa del militar, Olga Mendoza de Ramos Giménez, conocida como Ña Muki.

Entre los años 1975 y 1980 las amenazas se acentuaron con detenciones de los principales dirigentes comunitarios. Uno de ellos fue Estanislao Sotelo, recluido en la Delegación de Gobierno de Alto Paraná. Posteriormente, Sotelo fue trasladado al Departamento de Investigaciones de Asunción, permaneciendo un año y ocho meses encerrado.

Presentan denuncia por asesinatos de integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas

El abogado Pedro Santa Cruz dio detalles #EnClavePublica de la denuncia por el asesinato de 10 campesinos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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— Radio Chaco Boreal (@1330am) June 23, 2026

La interceptación del ómnibus

El 7 de marzo de 1980, unos 20 miembros del asentamiento de la Base Acaraymi abordaron un ómnibus. El colectivo de la empresa Rápido Caaguazú partió del kilómetro 37 rumbo a la capital paraguaya. Los labriegos, pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas, buscaban gestionar la titulación de sus lotes ante las oficinas del Instituto de Bienestar Rural.

Dos días después, el 9 de marzo, las 20 personas se entregaron en el lugar denominado San Antoniomí. Las fuerzas de seguridad del ejército y la policía actuaron con el apoyo de paramilitares milicianos y civiles armados. Este grupo persiguió, sitió y sometió a extrema violencia a los campesinos mediante detenciones arbitrarias y mutilaciones.

Varias víctimas resultaron asesinadas o desaparecidas sin que sus restos fueran devueltos a sus familiares directos. Tampoco se emitieron certificados de defunción, a pesar del reconocimiento estatal de las detenciones. La Comisión de Verdad y Justicia identificó a diez personas asesinadas, entre ellas Mario Ruiz Díaz y Feliciano Verdún.

Responsabilidades en la cadena de mando

Los recurrentes sostienen que la responsabilidad abarca tanto a autores materiales como a las autoridades de sostén político. El documento identifica a los denunciados que siguen con vida para determinar su implicancia en la cadena de mando. Entre los citados se encuentra Mario Cazal Gómez y el general retirado Juan de la Cruz Peña.

También se solicita indagar al oficial Juan Carlos Bedoya, al comisario Osvaldo Vera Navarro y a Santos López. La lista de policías de Investigaciones señalados incluye a Juan Martínez, Dionisio Noldin, Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez y Adán Ramírez. La denuncia concluye que estos crímenes sistemáticos contra la población civil son totalmente imprescriptibles.

Fuente: El Observador