Justicia investiga a padre de presunto feminicida
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó el inicio de una investigación preliminar contra el agente penitenciario padre del adolescente imputado por el feminicidio de María Fernanda Benítez. La medida surge ante indicios que sugieren un nivel de vida incompatible con los ingresos declarados del funcionario público.
El agente penitenciario se desempeña en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, específicamente en tareas de traslado de reos. Su remuneración oficial asciende a 6.500.000 guaraníes mensuales entre salario base y bonificaciones, además de viáticos de aproximadamente 100.000 guaraníes por cada traslado realizado.
Nicora expresó que resulta llamativo el estilo de vida del funcionario penitenciario, lo que motivó la apertura del expediente investigativo. El ministro ordenó verificar la compatibilidad entre los ingresos declarados y el patrimonio familiar visible en la propiedad donde reside el agente.
Patrimonio bajo la lupa judicial
La vivienda familiar se encuentra en un terreno de grandes dimensiones completamente amurallado. La propiedad cuenta con una piscina, mejoras significativas en la construcción principal y una embarcación ubicada en el patio trasero, elementos que contrastan con la capacidad económica oficial del funcionario.
La esposa del agente penitenciario se desempeña como docente y directora en un colegio público de Coronel Oviedo. Según registros del Ministerio de Educación, percibe aproximadamente 9.700.000 guaraníes mensuales por sus funciones de alfabetización y docencia de grado, conforme a las planillas oficiales.
Los ingresos combinados de la pareja totalizan cerca de 16.200.000 guaraníes mensuales según documentación oficial. Sin embargo, las características del patrimonio inmobiliario y los bienes observados generan interrogantes sobre posibles fuentes adicionales de financiamiento no declaradas.
Protección de identidad del menor
Las autoridades mantienen reserva sobre las identidades de los padres del adolescente imputado, cumpliendo con la legislación de protección al menor. Esta medida busca preservar la integridad del proceso judicial sin comprometer los derechos del menor involucrado en el caso.
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La investigación del Ministerio de Justicia se desarrolla paralelamente al proceso penal por el feminicidio de María Fernanda Benítez. Las pesquisas buscan determinar si existe enriquecimiento ilícito o vínculos con actividades irregulares dentro del sistema penitenciario que administra el funcionario investigado.
El caso de María Fernanda Benítez conmocionó a la comunidad de Coronel Oviedo y generó cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de prevención de violencia de género. Las autoridades recuerdan que víctimas de violencia pueden comunicarse al 137 SOS Mujer, servicio gratuito disponible las 24 horas en todo el territorio nacional.
Fuente: ABC Color
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