Economía impulsa reforma para jubilación tardía de uniformados
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció la intención de impulsar cambios en la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones, con el objetivo de corregir el esquema actual de retiro anticipado de policías y militares. Según explicó el ministro Carlos Fernández Valdovinos, el sistema vigente permite el retiro de uniformados a edades considerablemente tempranas, generando un importante gasto previsional para el Estado.
La Caja Fiscal administra los aportes jubilatorios de trabajadores públicos, incluyendo a los sectores de la administración pública, el magisterio nacional, magistrados judiciales, docentes universitarios, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fernández Valdovinos destacó que casi el 48% de los jubilados tienen menos de 65 años, lo que presiona las finanzas del fondo previsional.
Propuesta de unificación de edad de retiro
Entre las medidas anunciadas, se plantea establecer una edad mínima de jubilación de 65 años para policías y militares, alineándola con el resto de los sectores públicos. Actualmente, el retiro prematuro de uniformados representa un gasto anual aproximado de 120 millones de dólares para la Caja Fiscal, de acuerdo con datos oficiales.
El ministro explicó que el esquema actual fuerza a los efectivos a retirarse cuando asciende un superior más joven, sin considerar su capacidad física o experiencia. Fernández Valdovinos señaló que muchos agentes aún se encuentran en plena capacidad profesional cuando se ven obligados a dejar el servicio, por lo que la reforma busca garantizar carreras laborales más extensas y sostenibles.
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Cada año ingresan cerca de 900 nuevos efectivos a la Policía Nacional, mientras que unos 500 se retiran anticipadamente, lo que evidencia la necesidad de una revisión estructural del modelo. La propuesta del Ministerio de Economía apunta a mejorar la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal y asegurar una gestión más eficiente de los recursos públicos.
El proyecto de reforma será debatido con representantes de las instituciones afectadas y se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema previsional paraguayo, en respuesta a los desafíos fiscales que enfrenta el país.
Fuente: Última Hora
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