Fiscalía imputa a 63 personas por trama de la mafia de pagarés

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron imputación contra 63 personas involucradas en la denominada “mafia de pagarés”, un esquema fraudulento que operaba desde juzgados de Paz para favorecer a empresas de cobranzas. Entre los imputados figuran cuatro jueces de Paz: Analía Cibils (Encarnación), Víctor Rodríguez (La Recoleta), Nathalia Garcete (La Catedral) y la exjueza Liliana González de Bristot (San Roque), además de actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a estos juzgados. La fiscalía estructuró su acusación dividiendo los cargos según la función de cada implicado y el juzgado donde operaban.

Según el acta de imputación, los magistrados habrían dictado resoluciones judiciales violando deliberadamente la ley para beneficiar a las empresas de cobranzas demandantes. El modus operandi consistía en avanzar con los procesos judiciales a sabiendas de que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones nunca se realizaban efectivamente, llegando en muchos casos a sentencias definitivas de remate y posteriores descuentos compulsivos de salarios mediante embargos. Este procedimiento vulneraba sistemáticamente el derecho a la defensa de los demandados, quienes eran condenados sin tener conocimiento del proceso en su contra.

Los actuarios judiciales cumplen un rol esencial en esta trama, siendo imputados por elevar informes falsos sobre el vencimiento de plazos procesales y confirmar notificaciones que nunca ocurrieron. Entre los acusados figuran Martina Rivela y Ricardo Cuevas (Juzgado de Encarnación), Gloria Morinigo y Rosa Lezcano (La Recoleta), Olivia Mosqueda y Pablo Cabrera (La Catedral), y Miguel Rolón, Liz Ortíz y Gloria Martínez (San Roque). A todos ellos se les atribuyen los delitos de uso de documentos públicos de contenido falso, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.

La participación de los ujieres notificadores fue crucial en el esquema fraudulento, ya que estos funcionarios habrían falsificado informes sobre diligencias que nunca realizaron. Los fiscales pudieron detectar inconsistencias evidentes, como notificaciones supuestamente realizadas en horarios simultáneos en diferentes ciudades o recorridos imposibles de completar en los tiempos consignados. Incluso se registraron notificaciones en días inhábiles. Por estos hechos fueron imputados 12 ujieres, distribuidos entre los cuatro juzgados involucrados, por los delitos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.

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Los abogados representantes de las empresas de cobranzas también fueron incluidos en la imputación fiscal, acusados de instar procesos solicitando resoluciones judiciales contrarias a la ley, violando el derecho a la defensa en juicio y el principio de igualdad procesal. Entre los más destacados se encuentran Ángel Cino Isnardi, quien aparece vinculado a casos en dos juzgados diferentes, José Fuster, Gabriel Ojeda, Sun Young Bang y Carlos Neffa Persano, este último imputado específicamente en carácter de instigador de prevaricato. En total, 26 abogados fueron acusados por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, siendo el grupo profesional con mayor cantidad de imputados en esta causa.

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Para completar el circuito delictivo, los oficiales de justicia también habrían participado activamente falsificando informes sobre la realización de diligencias encomendadas por los juzgados. Once oficiales de justicia fueron imputados por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, destacándose el caso de Héctor Manuel Noguera Florentin, quien aparece vinculado a casos en dos juzgados diferentes. Esta red coordinada entre diversos actores del sistema judicial permitió el funcionamiento de un esquema que habría afectado a numerosos ciudadanos, quienes sufrieron descuentos salariales sin haber tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente en los procesos judiciales iniciados en su contra.

Fuente: ABC Color