Condenan a exfiscal Ana Girala por liderar esquema de coimas

El Tribunal sostuvo que la exagente fiscal usó funciones del Ministerio Público para obtener beneficios económicos ilícitos.

La exfiscal Ana Girala fue condenada a 7 años y 3 meses de cárcel por un esquema de coimas y extorsiones dentro de su Unidad Fiscal de San Lorenzo. La sentencia fue dictada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez Brozón y Karina Cáceres.

El Tribunal declaró probado que Girala utilizó su cargo para obtener beneficios económicos mediante actuaciones funcionales del Ministerio Público. La exagente fiscal fue hallada culpable de prevaricato, extorsión, tentativa de extorsión, cohecho pasivo agravado y cohecho pasivo simple, según la calificación expuesta durante la lectura de sentencia.

La resolución también alcanzó a funcionarias y abogados vinculados al caso. Griselda Beatriz Acha Alcaraz, secretaria fiscal, fue condenada a 6 años y 6 meses de cárcel. Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente fiscal, recibió una pena de 4 años. La abogada Liz Elena Martínez Robles fue condenada a 3 años y 6 meses, mientras que Marcos Aurelio Velazco Mendoza recibió 2 años y 6 meses. Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta.

Tribunal afirmó que Ana Girala dirigía el esquema

Durante la fundamentación, la jueza Yolanda Morel sostuvo que existía una organización criminal dentro de la sede fiscal de San Lorenzo. Según el Tribunal, Ana Girala, Griselda Acha y Christi Ortega mantenían un acuerdo para obtener dinero u otros beneficios a cambio de actuaciones propias del Ministerio Público.

Morel afirmó que Girala convirtió actos de persecución penal en objetos de negociación. La magistrada señaló que la exfiscal fijaba costos, definía la forma de abordar a usuarios y direccionaba causas hacia abogados de confianza. El Tribunal consideró que ese comportamiento afectó gravemente la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Coimas, presiones y actuaciones fiscales negociadas

La sentencia describió presiones contra imputados, víctimas, abogados y familiares. Según la lectura, se exigía dinero bajo amenazas de imputación, no devolución de vehículos retenidos o promesas de salidas procesales. Para el Tribunal, la persecución penal fue usada como “mercancía” y como herramienta de negociación privada.

El Colegiado concluyó que las conductas no fueron aisladas. Según la fundamentación, entre septiembre de 2022 y febrero de 2023 funcionó una modalidad permanente para solicitar pagos a cambio de imputaciones, requerimientos fiscales, devolución de objetos, retiro de vehículos retenidos e incluso allanamientos. El Tribunal sostuvo que Girala mantuvo el dominio funcional de los hechos porque las decisiones centrales dependían de sus atribuciones como fiscal.

Fuente: Pds digital.

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