Senado revela cómo operaba la mafia de pagarés en el Hospital de Clínicas

La investigación describe un esquema basado en pagarés duplicados, embargos sobre deudas canceladas y una presunta coordinación entre distintos actores del proceso.

La Comisión Especial del Senado que investiga la denominada mafia de pagarés remitió un informe al fiscal Luis Piñánez en el que detalla el presunto funcionamiento del esquema detectado en el Hospital de Clínicas. El documento sostiene que funcionarios fueron inducidos a firmar pagarés duplicados y posteriormente enfrentaron demandas y embargos salariales por obligaciones que, según la investigación, ya habían sido canceladas.

El informe fue elaborado en respuesta a un pedido del Ministerio Público dentro de la causa en la que fue imputada la abogada Lurdes Aranda Benítez. La comisión, presidida por el senador Rafael Filizzola, expone los testimonios recabados y el análisis de varios expedientes para describir un mecanismo que habría involucrado a la Asociación Mutual del Personal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (AMUCLIN), además de otros profesionales vinculados a los procesos judiciales.

Según el documento, los trabajadores pagaban sus créditos mediante descuentos directos de sus salarios. Sin embargo, antes de acceder a esos préstamos o compras, eran inducidos a firmar dos pagarés por una misma operación: uno a nombre de una entidad financiera y otro a favor de AMUCLIN. Tras la cancelación de las deudas, los documentos no eran devueltos a los firmantes y, posteriormente, servían como base para nuevas acciones judiciales.

El esquema incluía demandas y múltiples embargos

La comisión sostiene que las acciones preparatorias de juicio ejecutivo eran promovidas mediante las denominadas notificaciones voladoras, enviadas a los lugares de trabajo de los funcionarios. En varios casos analizados, una misma obligación derivó en múltiples embargos salariales impulsados por distintos actores y tramitados en diferentes juzgados.

Además, el informe señala que en cada expediente se generaban liquidaciones independientes de capital, intereses, honorarios profesionales y gastos judiciales. Esta práctica, según la investigación legislativa, incrementaba de forma artificial las deudas y provocaba una fuerte afectación económica a los trabajadores involucrados.

Como ejemplo, la comisión cita el caso de Nancy Soto Larrea, funcionaria del Hospital de Clínicas, quien realizó diversas compras y préstamos mediante AMUCLIN entre 2008 y 2010. Pese a haber cancelado esas obligaciones mediante descuentos salariales, en noviembre de 2023 recibió un embargo derivado de una demanda promovida por la mutual. La afectada declaró que situaciones similares alcanzaron a numerosos funcionarios entre 2023 y 2024.

Comisión señala indicios de coordinación entre profesionales

El informe también expone presuntos indicios de una actuación coordinada entre abogados, oficiales de justicia y cesionarios de créditos. Entre las personas mencionadas figuran la abogada Lurdes Aranda Benítez, la docente Julia Mabel Acosta y su esposo, Fabio Ubaldo Molinas Saldívar, oficial de justicia. En este último caso, la comisión recomienda al Ministerio Público investigar un posible enriquecimiento ilícito.

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Asimismo, el documento menciona al abogado Carlos Enrique Lara, quien, según la comisión, intervenía en gran parte de las causas vinculadas a AMUCLIN y Julia Mabel Acosta. El Senado sostiene que existen indicios que justifican su citación dentro de las investigaciones y sugiere unificar las distintas denuncias relacionadas con el esquema. El informe fue acompañado por documentos y antecedentes que, según la comisión, respaldan la reconstrucción del presunto funcionamiento de la mafia de pagarés en el Hospital de Clínicas.

Fuente: El Observador

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