Prisión preventiva para implicados en estafa a colonos

El Juzgado Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray dictó prisión preventiva para dos de los tres acusados en un caso de estafa que involucra a colonos menonitas de la colonia Río Verde. La medida afecta a Willian Roberto Bogarín Campuzano, exdirector de la Cámara de Diputados, y a la abogada Ilsa Maricela Paredes. Un tercer acusado, el abogado José Francisco Ljubetic, cumplirá arresto domiciliario debido a su avanzada edad.

El fiscal José Alberto Godoy imputó a los tres acusados por estafa, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Según la denuncia, las víctimas fueron engañadas bajo la falsa promesa de adquirir tierras en el Chaco, en una operación fraudulenta que alcanzó los USD 1.600.000.

Willian Roberto Bogarín será recluido inicialmente en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray por un plazo de 10 días, tras lo cual será trasladado a la Penitenciaría Regional de San Pedro. Por su parte, Ilsa Paredes también deberá cumplir prisión preventiva en las mismas condiciones.

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En cuanto a José Francisco Ljubetic, el juez dispuso arresto domiciliario, considerando su edad avanzada. Ljubetic se encuentra bajo supervisión en Santa Rosa del Aguaray, donde deberá cumplir las disposiciones judiciales.

El esquema fraudulento habría aprovechado la posición de los implicados para facilitar la manipulación de documentos y la ejecución de trámites irregulares. Los denunciantes, los hermanos Bernardo, Herman y David Friessen Neufeld, afirmaron que fueron engañados para entregar una millonaria suma bajo la falsa promesa de adquirir tierras en el Chaco.

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El caso sigue en etapa de investigación, con el Ministerio Público buscando esclarecer el papel de cada uno de los imputados. Según los fiscales, la posición de Bogarín en la Cámara de Diputados habría permitido agilizar procedimientos que contribuyeron al fraude.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles en la compra-venta de tierras y los procedimientos administrativos, especialmente cuando involucran figuras públicas. La justicia paraguaya deberá determinar las responsabilidades de los imputados y garantizar una resolución adecuada para las víctimas.

Fuente: Última Hora