Jueces de paz rechazan entrevista a periodista y generan cuestionamientos sobre acceso a información

Los magistrados derivaron las consultas a la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema. Una especialista sostuvo que la decisión afecta el acceso a información de interés público.

Un periodista de El Observador no fue recibido por los jueces de paz Víctor Martínez Bello, interino del Juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno, y Sonia Torres Ibarrola, titular del Juzgado de Paz de La Encarnación. Según el medio, el objetivo era obtener información sobre el funcionamiento de ambos juzgados y conocer la posición de los magistrados respecto a las denuncias relacionadas con la denominada mafia de los pagarés.

De acuerdo con la publicación, ambos jueces comunicaron, a través de funcionarios de sus despachos, que cualquier consulta debía canalizarse mediante la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Luis Giménez. El medio indicó que pretendía acceder a la versión de los magistrados sobre la gestión de los expedientes y las denuncias formuladas por presuntas víctimas del esquema investigado.

El pedido de información y los antecedentes mencionados

La publicación recuerda que Víctor Martínez Bello anteriormente ejerció de forma interina en el Juzgado de Paz de La Encarnación, tras la suspensión de la exjueza Analía Cibils. Posteriormente fue designado en el Juzgado de Paz de La Catedral, Segundo Turno, donde anteriormente se desempeñó Nathalia Garcete, procesada en el caso conocido como mafia de los pagarés.

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Asimismo, el medio señala que Martínez Bello es juez de paz de Yasy Kañy, en la Circunscripción Judicial de Canindeyú, y menciona que existen cuestionamientos sobre su continuidad en funciones en Asunción. Estas afirmaciones corresponden a la publicación periodística citada.

Abogada cuestiona la negativa a brindar declaraciones

Consultada por El Observador, la abogada Alejandra Peralta sostuvo que los funcionarios públicos tienen la obligación de facilitar información de interés público mediante los medios de comunicación, ya sea personalmente o a través de voceros institucionales.

Según Peralta, la decisión de no responder consultas periodísticas puede afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública. En ese sentido, afirmó que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y deben responder a las consultas relacionadas con su gestión.

Fuente: El Observador

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