Kattya González denuncia su expulsión del Senado ante la OEA

La exsenadora Kattya González internacionalizó formalmente su denuncia contra el gobierno de Santiago Peña y la Corte Suprema de Justicia. La exposición se realizó en Panamá ante representantes gubernamentales de toda América. El marco del evento fue el encuentro sobre Democracia Paritaria Sin Violencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En este espacio regional se analizan los avances y desafíos de las leyes modelo interamericanas sobre paridad.

Durante su intervención, la exparlamentaria calificó su destitución parlamentaria como una ejecución política planificada desde las esferas del poder. La política paraguaya afirmó que las instituciones locales actuaron de manera coordinada para concretar su salida definitiva de la Cámara Alta. A su criterio, la máxima instancia judicial del país consolidó una persecución mediante una sentencia posterior que calificó de infame. Con esta acción, el debate sobre la calidad institucional local llegó al plano internacional.

Campaña digital previa y acusaciones de difamación

La exlegisladora aseguró que el proceso para apartarla de su banca legislativa comenzó mucho antes de la sesión oficial. Según relató, fue sometida a un linchamiento virtual sistemático y coordinado desde diversas plataformas de comunicación. Las herramientas digitales se utilizaron supuestamente para distorsionar la opinión de la ciudadanía y demoler su reputación pública. En su discurso, describió la existencia de un laboratorio telemático diseñado exclusivamente para atacarla.

Asimismo, González sostuvo que existieron millonarias inversiones económicas destinadas a potenciar campañas sucias de difamación en las redes sociales. Recordó específicamente la instalación de tendencias digitales que buscaban presionar al Congreso bajo la etiqueta Fuera Kattya. Según la denunciante, el objetivo final era generar las condiciones necesarias para justificar ante la población una decisión predeterminada. Las declaraciones apuntaron directamente a la manipulación informativa como herramienta de persecución política.

El proceso en el Senado y alteración de mayorías

Al referirse a la sesión del 14 de febrero de 2024, González calificó el acto como un atraco institucional. La exsenadora acusó al oficialismo de haber vulnerado abiertamente las propias normas internas vigentes en la Cámara de Senadores. Recordó que meses antes, el pleno legislativo había aprobado una resolución interna muy clara y vinculante. Ese reglamento previo exigía una mayoría calificada de 30 votos para aplicar la pérdida de investidura a cualquier miembro.

Sin embargo, el sector mayoritario utilizó una cantidad de apenas 23 votos para concretar su salida de la banca. “Alteraron la regla del juego sobre la marcha con una prepotencia procesal que pisoteó las garantías más elementales de la representación popular”, afirmó. La exparlamentaria insistió en que no contó con el debido proceso garantizado en la Constitución paraguaya. Tampoco dispuso de tiempo suficiente para preparar su defensa técnica ni acceso adecuado a las acusaciones del caso.

Señalamientos al oficialismo y a los ministros judiciales

Durante su fuerte alocución, González identificó de forma directa al movimiento cartista como el responsable real de la maniobra de expulsión. Mencionó de manera expresa al presidente de la República, Santiago Peña, como el líder del sector oficialista denunciado. Sostuvo que el territorio nacional atraviesa actualmente por un preocupante proceso de concentración del poder público. Esa situación reduce drásticamente los espacios democráticos legítimos para el libre ejercicio de la disidencia política paraguaya.

Finalmente, la exsenadora responsabilizó públicamente con nombre y apellido a varios ministros de la Corte Suprema de Justicia. Cuestionó directamente al presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida. La misma acusación dirigió hacia los magistrados Luis María Benítez Riera, César Diesel y la ministra Carolina Llanes. Según la política, los jueces firmaron una resolución arbitraria basada en argumentos jurídicos paupérrimos que ignoran tratados internacionales.

Fuente: ABC Color