La Cámara de Diputados postergó este martes el tratamiento de la ley de protección de datos personales debido a la ausencia de consenso entre las diferentes bancadas legislativas. El presidente de la Cámara, Latorre, anunció que el proyecto se debatirá recién dentro de 15 días, mientras persisten importantes diferencias sobre un posible blindaje a funcionarios públicos bajo investigación.
El proyecto, que ya cuenta con aprobación en general, enfrenta un intenso debate en torno a su versión final. Las discrepancias se centran principalmente entre las propuestas presentadas por la comisión de Equidad y Género, defendida por el diputado Abed, y la comisión de Ciencia y Tecnología, esta última respaldada mayoritariamente por activistas y sectores de la oposición que la consideran más transparente.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, expresó su profunda preocupación por el hackeo y el espionaje sufridos por el Paraguay y sus funcionarios de parte del Brasil en el año 2022.
El legislador instó a solicitar explicaciones formales al vecino país y a realizar una… pic.twitter.com/LySGTrSxJS
— TV CÁMARA (@tvcamarapy) April 1, 2025
El aspecto más controversial de la normativa se encuentra en el artículo 24, que establecería restricciones al acceso de datos personales de funcionarios públicos. Según los críticos, esta disposición podría debilitar significativamente la ley 5282/14 de libre acceso a la información pública, considerada un avance fundamental en la transparencia gubernamental del Paraguay.
“Cuco” de hackeos haría correr riesgosa ley de datos personales
Con las versiones actualmente en discusión, se crearía una instancia de apelación mediante la cual los funcionarios podrían rechazar el acceso a sus datos, incluso cuando estos sean de interés público. El mecanismo propuesto establece que, ante solicitudes de información sobre funcionarios, estos serán notificados y podrán negarse a proporcionar los datos, dejando la decisión final en manos de una Agencia de Control.
Este procedimiento ha sido duramente criticado por organizaciones civiles y parlamentarios opositores, quienes lo califican como un potencial “blindaje” para casos de corrupción, recordando episodios similares ocurridos en administraciones anteriores que obstaculizaron investigaciones de interés público.
Los antecedentes en esta materia generan particular preocupación. Durante el gobierno anterior, el Banco Central del Paraguay (BCP) respondió con un informe parcialmente censurado a un pedido del Congreso sobre las operaciones financieras de Darío Messer, empresario vinculado al expresidente Horacio Cartes. El BCP justificó la censura amparándose en el secreto bancario, ocultando detalles cruciales de inspecciones realizadas al Banco Basa.
En aquella ocasión, la entonces senadora Desirée Masi calificó la respuesta del BCP como una “burla” al Poder Legislativo, señalando que la institución podía solicitar reserva sin necesidad de censurar documentos fundamentales para la investigación.
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En el escenario político actual, el cartismo no parece mantener una posición unificada respecto a la normativa, lo que ha contribuido a la postergación del debate. Mientras tanto, diversos sectores han expresado su preocupación por lo que consideran un posible retroceso en materia de transparencia gubernamental, especialmente en un contexto donde la lucha contra la corrupción enfrenta importantes desafíos.
La postergación de esta ley refleja no solo las tensiones existentes en el ámbito legislativo paraguayo, sino también la compleja tarea de equilibrar la protección de datos personales con el derecho ciudadano al acceso a la información pública, especialmente cuando se trata de funcionarios que administran recursos del Estado.
Fuente: La Política Online
