La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el abigeato mediante una articulación estratégica con instituciones gubernamentales clave. Según informó Ceferino Méndez, vicepresidente segundo de la ARP, el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior inició hace aproximadamente dos meses, sumándose recientemente la Gobernación de Paraguarí a esta iniciativa. Fruto de esta colaboración interinstitucional, ya se cuenta con un anteproyecto de ley que busca modificar la clasificación penal del robo de ganado en el código legal paraguayo, endureciendo las sanciones para quienes cometan este ilícito que afecta significativamente al sector productivo rural.
El principal cambio propuesto en el anteproyecto consiste en reclasificar el abigeato, que actualmente es considerado un delito, para que vuelva a la categoría de crimen, como estaba tipificado anteriormente. Esta modificación tiene importantes implicaciones jurídicas, ya que determina la severidad de las penas aplicables a los infractores. «Anteriormente era tomado como crimen, pero pasó a ser delito, y ahora estamos buscando que vuelva a ser considerado un crimen», explicó Méndez, señalando que la clasificación actual permite que los responsables recuperen su libertad rápidamente tras ser detenidos, lo que genera un ciclo de impunidad que afecta principalmente a los pequeños y medianos productores.
La incongruencia en el ordenamiento jurídico actual fue destacada por el representante gremial, quien estableció una comparación ilustrativa: “Hoy, si maltratas a tu mascota, es un crimen, pero la faena clandestina de animales, que afecta especialmente a personas de escasos recursos, es solo un delito. En 24 horas, el responsable ya está en su casa”. Esta disparidad en el tratamiento legal refleja la necesidad de una revisión del marco normativo que tenga en cuenta el impacto económico y social del abigeato, particularmente en comunidades rurales donde la ganadería constituye la principal actividad económica y fuente de sustento para numerosas familias.
De aprobarse la modificación legal impulsada por la ARP, el abigeato podría ser sancionado con penas de hasta cinco años de prisión efectiva, eliminando la posibilidad de medidas sustitutivas que actualmente permiten a los infractores cumplir con prisión domiciliaria. “Hoy en día, con una medida sustitutiva, los responsables solo reciben prisión domiciliaria y continúan perjudicando a más productores”, afirmó Méndez, enfatizando que la situación actual genera un entorno propicio para la reincidencia delictiva. El anteproyecto, que será presentado al Parlamento, busca establecer un marco legal más estricto y disuasorio que contribuya efectivamente a reducir la incidencia de este delito en el territorio nacional.
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La necesidad de fortalecer la legislación se evidencia en casos recientes de gran magnitud, como el que mencionó Méndez, donde más de 300 animales fueron robados a un solo productor. “En ese hecho, los propios funcionarios de la Colcat fueron cómplices, junto con productores, transportistas y otros involucrados. Hasta el momento, hay cerca de 30 detenidos”, detalló el vicepresidente de la ARP. Este caso específico pone de relieve la existencia de redes organizadas dedicadas al abigeato, que operan con un nivel de sofisticación que incluye la complicidad de diversos actores de la cadena productiva y comercial, incluyendo funcionarios encargados precisamente de prevenir estos ilícitos.
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Como respuesta a esta compleja problemática, el sector ganadero ha implementado medidas complementarias para reforzar la seguridad de sus operaciones. “Desde entonces, hemos tomado varias medidas, incorporando más tecnología y cámaras de vigilancia”, señaló Méndez, destacando que la lucha contra el abigeato requiere un enfoque integral que combine un marco legal adecuado con herramientas tecnológicas y operativas que permitan prevenir, detectar y sancionar efectivamente este delito.
Fuente: Megacadena
