En un fuerte cruce judicial y político, los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz desataron críticas contundentes contra la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero, encabezada por senadores del cartismo. El estudio jurídico Colab Abogados, representado por ambos profesionales, rechazó categóricamente una solicitud de la comisión para que rindieran cuentas sobre el uso de fondos recibidos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El conflicto se originó cuando la comisión, liderada por el senador Gustavo Leite, exigió al estudio información sobre los fondos de USAID, argumentando supuestas irregularidades. Sin embargo, los abogados no solo rechazaron la solicitud, sino que respondieron con un aviso de posible denuncia penal, alegando que la petición carece de sustento legal y viola la confidencialidad profesional.
La respuesta del Dr. Jorge Gross Brown y del Dr. Mauricio Salgueiro, de COLAB Abogados EAS, al pedido de «rendición de cuentas» de la Comisión de Investigación, además de jurídicamente sostenible, es política y filosóficamente la correcta. La libertad no puede avasallarse pic.twitter.com/lO0eNL4u7k
— Manuel Riera (@manuelrierad) September 17, 2024
En su respuesta, los abogados calificaron la solicitud de “absurda” y denunciaron que la comisión antilavado se basa en premisas inconstitucionales, señalando que la rendición de cuentas corresponde únicamente a USAID, la entidad que les contrató. Indicaron que la comisión bicameral no tiene la autoridad para exigir información sobre fondos que ingresaron legalmente al sistema financiero paraguayo.
Los abogados también alertaron a otras organizaciones que recibieron solicitudes similares, instándolas a no ceder ante lo que consideran un “ataque a la democracia” y a la independencia profesional. Advirtieron que la acción de la comisión es una violación del secreto profesional, lo que podría llevar a la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
El rechazo de los abogados no quedó ahí. Señalaron que el pedido de la comisión refleja una “ignorancia supina” de los legisladores, sugiriendo que estos deberían recurrir a fuentes oficiales como la Seprelad o la Dirección de Tributación para obtener la información que buscan. Incluso recomendaron a los senadores acudir a portales del gobierno de Estados Unidos, porque no harán “el trabajo por ellos”.
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Los abogados acusaron a la comisión de actuar con motivaciones políticas, en el marco de tensiones entre el gobierno paraguayo y Horacio Cartes, tras las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según los abogados, este es un intento del cartismo por investigar a sectores opositores bajo la fachada de una comisión antilavado.
Finalmente, los abogados adelantaron que podrían iniciar acciones penales contra los senadores por instigación a cometer delito, y les pidieron que renuncien a sus bancas por ser “personas no calificadas” para ejercer sus cargos. Además, alertaron al Colegio de Abogados, la Corte Suprema y la Embajada de Estados Unidos sobre lo que consideran un ataque a la independencia profesional.
Fuente: LPO
