La Caja Parlamentaria de Jubilaciones, destinada a los miembros del Congreso, plantea serios desafíos para las finanzas públicas. El sistema actual, diseñado para otorgar una jubilación privilegiada a los legisladores, podría representar un costo de hasta USD 100 millones para el Estado en un plazo de 15 años, según un análisis financiero de MF Economía e Inversiones.
El esquema jubilatorio establece dos modalidades: la Jubilación Ordinaria, con un 80% sobre lo aportado, y la Jubilación Extraordinaria, con un 60%. En ambos casos, los parlamentarios deben realizar aportes durante 10 a 15 años para acceder a este beneficio, pero el descalce entre lo que contribuyen y lo que reciben es considerable.
“Caja parlamentaria es insostenible”, sostuvo Celeste Amarilla
La senadora Celeste Amarilla, indicó que la situación de la Caja Parlamentaria es insostenible y puede colapsar.
Celeste, argumentó que los criterios para acceder a la jubilación parlamentaria deben ser… pic.twitter.com/aofXRSUsom
— Radio Ñandutí (@nanduti) September 16, 2024
En el caso de la jubilación ordinaria, un legislador que aporte durante 15 años, aproximadamente tres periodos legislativos, acumularía un total de G. 1.468.238.904 (USD 197.000). Sin embargo, al jubilarse, el haber jubilatorio ascendería a G. 5.339.050.560 (USD 717.000), lo que genera una diferencia de más de G. 3.870.811.656 (USD 503.000) por cada legislador.
Si este esquema se aplica a los 125 parlamentarios que podrían acogerse al sistema, el descalce financiero llegaría a G. 483.851.457.000 (USD 63 millones), según cálculos basados en las reglas actuales. En el caso de la jubilación extraordinaria, que requiere menos tiempo de aporte, el desfinanciamiento sería de G. 3.025.461.960 (USD 393.000) por legislador, lo que para 125 parlamentarios significaría un total de G. 378.182.745.000 (USD 49 millones).
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El problema radica en que el aporte mensual de los legisladores, que equivale al 22% de su salario (G. 8.156.883 o USD 1.100), no es suficiente para cubrir el costo de la pensión a la que accederán. Además, la expectativa de vida estimada para el cálculo es de 70 años, lo que implica que el período de jubilación se extiende unos 15 años, generando una presión adicional sobre las finanzas públicas.
Las críticas al sistema apuntan a que este tipo de regímenes jubilatorios crea inequidades, ya que los beneficios son mucho mayores que los disponibles para otros sectores de la sociedad. Las pensiones también se extienden a los familiares de los legisladores fallecidos, lo que agrega más presión al sistema.
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Las reformas estructurales del sistema previsional son urgentes, no solo en la Caja Parlamentaria, sino también en la Caja Fiscal, que atraviesa un déficit significativo. El sistema de pensiones actual representa una carga para el presupuesto del Estado, afectando la capacidad de inversión en áreas con impacto social y económico real.
La revisión de estos parámetros, así como la implementación de medidas correctivas, es esencial para evitar que el déficit siga creciendo en los próximos años.
Fuente: ABC Color
