La fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla presentó una acusación formal contra Roberto Damián Garcete Rodríguez, dirigente del Club Resistencia, y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano, actual presidente de la institución deportiva. Ambos individuos son señalados por los delitos de usura y lavado de dinero, en un caso que presuntamente los vincula con Ramón González Daher.
Según la acusación, los Garcete otorgaron un préstamo de G. 100 millones a Miguel Eladio Britos. Sin embargo, a través de diversas maniobras, exigieron al prestatario sumas que llegaron a totalizar G. 1.000 millones de adicionales, lo que representa un interés del 500% sobre el monto original.
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La situación se agravó cuando los acusados, mediante presuntas amenazas, lograron la transferencia de la vivienda de Britos sin su consentimiento ni firma. Este acto habría sido facilitado por la escribana María de Lourdes Duarte Franco, quien también fue acusada por la producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como por lavado de dinero en calidad de coautora.
En un intento por recuperar su propiedad, Britos se vio obligado a aceptar una nueva propuesta de Roberto Damián Garcete Rodríguez. Esta implicaba el compromiso de pagar G. 2.257.440.000 guaraníes, para lo cual la víctima firmó cuatro cheques al portador, sin fecha de emisión, por un valor de G. 564.360.000 cada uno. Posteriormente, estos instrumentos financieros fueron entregados por Garcete Rodríguez a Ramón González Daher.
La fiscal Bobadilla solicitó que ambos Garcete sean llevados a juicio oral. Roberto Damián Garcete Rodríguez es acusado de usura y lavado de dinero en carácter de coautor, mientras que a su hijo, Roberto Alejandro Garcete Cano, se le imputa usura como cómplice y lavado de dinero como coautor.
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Es importante destacar que la imputación e investigación inicial de este caso fue presentada hace un año por el entonces fiscal Luis Said. La actual acusación representa un avance significativo en el proceso judicial contra los presuntos responsables de este esquema de préstamos ilegales y apropiación indebida de bienes.
Fuente: El Nacional.
