Política

Nueva ley busca modernizar el Estado paraguayo tras 115 años

Después de 115 años, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7278 “Que regula la organización administrativa del Estado”, con el objetivo de modernizar el funcionamiento del aparato público y establecer principios para mejorar la calidad del gasto y la eficacia de las instituciones.

Foto: Presidencia.

Tras más de un siglo de espera, el Poder Ejecutivo dio un paso trascendental al promulgar la Ley 7278 “Que regula la organización administrativa del Estado”, con el propósito de modernizar y optimizar el funcionamiento del aparato estatal paraguayo. Esta normativa busca establecer un marco legal renovado que siente las bases para alcanzar la calidad del gasto público y potenciar la eficacia de las instituciones gubernamentales.

Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, destacó que la nueva legislación persigue instaurar fundamentos racionales y actualizados para la regulación del Estado paraguayo, respondiendo así a las demandas de transformación expresadas por la ciudadanía. Según Moreno, la ley establece principios fundamentales orientados a garantizar que las entidades públicas brinden servicios de mayor calidad, situando las necesidades de la población en el centro de las políticas públicas.

Entre los principios clave que introduce la normativa, se encuentra el de necesidad y finalidad pública, que justifica la creación de nuevos órganos estatales únicamente cuando contribuyan a mejorar los servicios brindados a la ciudadanía. Asimismo, se establece el criterio de excepcionalidad, permitiendo la creación de nuevas estructuras solo cuando sean absolutamente indispensables, de acuerdo con lo señalado por Moreno.

El asesor jurídico hizo hincapié en la problemática del crecimiento desordenado del Estado, atribuible a la ausencia de una ley orgánica que regulara su funcionamiento. Esto ha derivado en la existencia de instituciones con funciones duplicadas, situación que la nueva ley pretende corregir mediante el principio de no duplicidad. Además, Moreno subrayó que la creación de cargos o entes requerirá un dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, en aras de promover un Estado más eficiente y racional.

Uno de los hitos más significativos que introduce la ley es el principio de gestión pública por resultados, según el cual los recursos se asignarán y evaluarán en función del cumplimiento de objetivos predeterminados. Moreno enfatizó que, a partir de esta normativa, al igual que en el sector privado, las instituciones públicas deberán demostrar resultados concretos para rendir cuentas de su gestión.

Otro aspecto crucial abordado por la ley es la racionalización del gasto público. Se solicitará a los ministerios y secretarías que los gastos misionales, es decir, aquellos directamente relacionados con su función principal, sean superiores a los gastos administrativos y operativos. Esto busca optimizar la utilización de los recursos y priorizar las acciones que generan un impacto directo en la ciudadanía.

La normativa también introduce el concepto de Rectoría Sectorial, orientado a promover un funcionamiento estatal más eficaz y coordinado. Este principio apunta a implementar una línea de gestión unificada, fomentando la colaboración y articulación entre los diferentes ministerios para alcanzar objetivos comunes.

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Moreno resaltó la creación de una plataforma de transparencia y control que permitirá a la ciudadanía dar seguimiento a la implementación de la ley y verificar la racionalidad en las estructuras del Estado. Por su parte, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, destacó el impacto positivo que tendrá la ley en la relación entre el Estado y la ciudadanía, al simplificar procesos y facilitar la interacción con las instituciones públicas.

Fuente: Última Hora