El presidente Santiago Peña enfrenta una elección crucial: ser el salvador o verdugo de la ley que castiga el conflicto de intereses en la función pública. Esta legislación, esencial para la integridad del sector público, podría verse aniquilada si el presidente promulga las recientes modificaciones aprobadas por el Congreso.
El 13 de diciembre, la Cámara de Senadores ratificó una versión controvertida del proyecto que modifica y deroga 22 artículos de la Ley Nº 7089/2023, conocida como la ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Esta ley es particularmente relevante para el actual Gobierno, no solo porque Peña es un ejemplo prominente de las llamadas “puertas giratorias”, sino también por los recientes escándalos de familiares de políticos ocupando cargos públicos.
El artículo 205 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo tiene 20 días hábiles para expedirse sobre un proyecto de ley antes de que se promulgue automáticamente. Este plazo vence a principios del próximo año, y la dilación del Ejecutivo, combinada con varios escándalos y los antecedentes de “puertas giratorias” de Peña y varios de sus ministros, genera preocupación sobre la posible promulgación de estas modificaciones.
El proyecto sancionado busca despojar a la ley contra el conflicto de intereses de sus elementos fundamentales, facilitando la impunidad para aquellos que ocultan datos comprometedores. Los cambios más significativos incluyen la eliminación de la obligación de identificar a familiares directos y cercanos en declaraciones juradas, crucial para advertir casos de nepotismo y “testaferros”. Además, se otorga un margen de corrección para aquellos funcionarios que hayan mentido en sus declaraciones, debilitando así la capacidad de la Contraloría para imponer sanciones efectivas.
El término “puertas giratorias” se refiere a altos funcionarios que rotan entre cargos gerenciales en el sector privado y puestos públicos en el mismo sector, beneficiándose de información privilegiada del Estado o favoreciendo a ciertas empresas. La ley, promulgada a inicios de este año, enfrentó resistencia incluso antes de su implementación.
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El presidente Peña, que pasó de ser ministro de Hacienda en el gobierno de Horacio Cartes a funcionario del Banco Basa y luego presidente, es un claro ejemplo de esta práctica. Lo mismo ocurre con el actual ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y otros miembros destacados del Gobierno.
Fuente: ABC Color.
