La familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes formalizará una solicitud de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, según confirmó el abogado Óscar Tuma. Esta decisión surge tras numerosos cuestionamientos sobre el manejo de la causa que investiga las circunstancias de la muerte del parlamentario. Según el representante legal, existe un aparente interés en “enterrar” el caso mediante una desestimación que impediría esclarecer los hechos. La medida busca responsabilizar a la máxima autoridad del Ministerio Público por supuestas irregularidades en el proceso investigativo.
Tuma expresó severas críticas hacia la actuación de la Fiscalía, acusando a la institución de obstruir sistemáticamente el avance de la causa desde sus inicios. El letrado calificó la situación como “muchísimo peor” que el precedente caso de Rodrigo Quintana, otro hecho que generó controversia en el ámbito político paraguayo. “Hoy por hoy, la Fiscalía es cómplice, encubridora, de que nosotros, los ciudadanos, no sepamos cuáles fueron las causas por las cuales asesinaron al diputado”, afirmó el abogado en declaraciones que revelan la gravedad de las acusaciones contra el órgano persecutor.
#ABCNoticias #LaMafiaManda El abogado Óscar Tuma no descarta presentar un pedido de juicio político contra el fiscal general del estado, Emiliano Rolón tras la ratificación de la fiscal adjunta Matilde Moreno de desestimar la causa que investiga la muerte del diputado Eulalio… pic.twitter.com/1Dhtl21bpQ
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) April 11, 2025
El defensor de la familia Gomes señaló que trabajará durante el receso de Semana Santa para formalizar la solicitud de enjuiciamiento, aun reconociendo el carácter “simbólico” que podría tener la presentación. Tuma lanzó un desafío directo a los legisladores: “Vamos a ver si los diputados se hacen cargo de esta presentación. Los diputados que lloraron sobre el féretro de su compañero con quien iban a comer, legisladores a quienes mucho ayudó el diputado Eulalio Gomes”. Este llamado busca comprometer a los parlamentarios en una causa que involucra a un ex miembro de la cámara legislativa.
Las contradicciones entre fiscales de diferentes jurisdicciones constituyen uno de los principales argumentos para cuestionar el manejo del caso. Según explicó Tuma, el fiscal de Pedro Juan Caballero había manifestado su intención de imputar por “homicidio culposo”, mientras que sus colegas de Asunción adoptaron una postura contraria al solicitar la desestimación. Esta discrepancia de criterios dentro del mismo Ministerio Público refuerza la percepción de irregularidades denunciada por la familia del diputado fallecido, y sirve como fundamento para solicitar la intervención del Congreso Nacional.
El equipo legal del caso anunció que recurrirá nuevamente al Tribunal de Apelaciones para objetar el pedido de desestimación, aunque Tuma admitió tener escasas expectativas sobre el resultado. La crítica central apunta a la autoatribución de facultades por parte de la Fiscalía: “Los fiscales piden la desestimación, convirtiéndose en juez y parte”, denunció el abogado. Este cuestionamiento se basa en que los fiscales estarían excediendo sus funciones al determinar conclusiones que corresponderían exclusivamente al ámbito jurisdiccional, lo que constituiría una alteración del debido proceso.
Un aspecto particularmente controvertido es la conclusión fiscal sobre la supuesta legítima defensa de los agentes policiales involucrados en el hecho. Tuma enfatizó que dicha determinación excede las atribuciones del Ministerio Público, ya que corresponde a un Tribunal evaluar las circunstancias y calificar jurídicamente los hechos. El rol de los fiscales, según el abogado, debería limitarse a la presentación de pruebas y evidencias, sin adelantar conclusiones que corresponden a la etapa de juzgamiento. Esta presunta invasión de competencias refuerza la acusación de “mal desempeño” que fundamentará el pedido de juicio político.
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La interpretación de los “indicios” existentes representa otro punto de conflicto entre las partes. Mientras la Fiscalía considera insuficientes los elementos probatorios para sostener una imputación, los representantes de la familia Gomes afirman que las evidencias disponibles justificaban plenamente la formulación de cargos. Esta discrepancia de valoración sobre los mismos elementos de prueba alimenta las sospechas sobre presuntas irregularidades en el manejo de la causa y refuerza la hipótesis de un posible encubrimiento denunciado por los familiares del parlamentario fallecido.
El anuncio del juicio político contra Rolón trasciende el caso particular para insertarse en un debate más amplio sobre la independencia y objetividad del Ministerio Público. La acusación de complicidad en el presunto ocultamiento de las causas de muerte de un legislador nacional representa un cuestionamiento severo a la institución encargada de la persecución penal. Si el Congreso decide dar curso al pedido, el proceso podría constituir un precedente significativo en la evaluación del desempeño de altos funcionarios judiciales y su responsabilidad en la investigación de casos políticamente sensibles dentro del sistema institucional.
Fuente: ABC Color
