El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una denuncia penal contra la Asociación de Funcionarios y Asociados (FIPSA) por presunta evasión de aportes a la seguridad social. La acción legal, encabezada por la Dirección Jurídica del IPS a cargo de José González, señala como principal denunciado al presidente de FIPSA, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez, junto con los representantes Juan Francisco Benza Raggio y Pierre Nery Acosta Burgos.
La denuncia fue formalizada ante la Sede 1 del Ministerio Público y detalla que de los 25 trabajadores de FIPSA, 23 se encuentran inscriptos en la firma Soluciones Estratégicas S.A., pero apenas 19 están activos en sus aportes al IPS. Esta situación ha generado una grave afectación a los derechos laborales y previsionales de los trabajadores involucrados.
¡Escándalo! Sube de tono la disputa por el predio de FIPSA
El Instituto de Previsión Social denuncia a directivos de FIPSA por evasión de aportes a la seguridad social. Según la denuncia, la propia Asociación de Funcionarios no paga el seguro social de los empleados que… pic.twitter.com/CBJw2o4F4Z
— Radio Ñandutí (@nanduti) April 11, 2025
“Este hecho punible queda configurado cuando el empleador descuenta del salario el monto correspondiente al aporte del trabajador para la seguridad social, correspondiente al 9% del salario, pero no lo ingresa a la entidad recaudadora, ya sea por acción o por omisión”, explicó González al detallar los fundamentos jurídicos de la acusación presentada.
Trabajadores afectados sin acceso a prestaciones esenciales
El documento presentado por la previsional califica la situación como una “conducta especialmente grave”, señalando que existe una deuda importante con el IPS desde junio del 2022, sin que se evidencie intención por parte de FIPSA de regularizar su situación. Esta irregularidad ha provocado que numerosos trabajadores y sus familias no puedan acceder a servicios básicos como atención médica y beneficios jubilatorios.
Entre los casos específicos mencionados en la denuncia se encuentra el de Lourdes Beatriz Suárez, trabajadora administrativa de FIPSA desde mayo de 2004, quien denunció que la empresa le descontaba el 9% de su salario para aportes al IPS, pero no transfería estos fondos a la previsional.
Similar situación enfrentan Fátima Adelaida Ramírez González, quien trabaja en diferentes áreas de FIPSA desde noviembre de 2003; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía desde abril de 2016; y Víctor Manuel Acosta Causarano, empleado de la asociación desde noviembre de 1994. Todos ellos han reportado descuentos indebidos sin la correspondiente transferencia al sistema de seguridad social.
La gravedad de la situación radica en que estos trabajadores, a pesar de contribuir con su porcentaje obligatorio, no pueden acceder a las prestaciones médicas ni acumular los períodos de cotización necesarios para su futura jubilación, generando una indefensión absoluta en materia de seguridad social.
Irregularidades financieras y “mafia de pagarés”
El director jurídico del IPS también vinculó esta denuncia con otro caso en curso que involucra a FIPSA, relacionado con una presunta “mafia de pagarés” que afecta a más de 80 funcionarios. Según explicó González, el esquema consistía en que “FIPSA hacía firmar un pagaré, pero no era el que otorgaba el préstamo, sino que derivaba a una casa comercial que hacía firmar otro pagaré. FIPSA tenía la autorización para el descuento mensual, pero nunca le pagó a la casa comercial”.
Este mecanismo habría generado una doble deuda para los trabajadores, quienes veían descontados montos de sus salarios sin que estos fueran efectivamente aplicados a sus compromisos financieros, creando una situación de endeudamiento injustificado y posibles daños a su historial crediticio.
La situación de FIPSA se complica aún más tras conocerse esta semana que el Consejo de Administración del IPS desalojó a la Asociación de Funcionarios y Asociados de su sede sobre la avenida Sacramento, que ocupaba gratuitamente desde 1977. Según la investigación realizada por la Dirección Jurídica, se descubrió que FIPSA había firmado un acuerdo para subarrendar el inmueble por 20 años con el Club Olimpia, sin contar con la autorización del IPS como propietario del bien.
Este convenio irregular quedó sin efecto tras la intervención de las autoridades previsionales, y actualmente es el IPS quien percibe G. 37 millones en concepto de alquiler por el inmueble, recuperando así el control sobre sus activos institucionales.
Implicaciones legales y futuro de la causa
La denuncia penal presentada por el IPS podría derivar en sanciones significativas para los directivos de FIPSA, ya que la evasión de aportes a la seguridad social constituye un delito tipificado en el Código Penal paraguayo. Además de las posibles consecuencias penales, los responsables podrían enfrentar multas administrativas y la obligación de restituir los montos adeudados con intereses.
Fuente: ABC Color
