Una red criminal que contrabandea chatarra y plástico desde Paraguay hacia Brasil, evadiendo múltiples controles estatales y generando millonarias pérdidas al fisco, fue denunciada formalmente por el abogado Ricardo Merlo Faella, exfiscal especializado en delitos ambientales y crimen organizado.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público expone una operación sofisticada que traslada principalmente cobre, aluminio y plástico prensado a través de la frontera paraguayo-brasileña. Según el documento, los camiones cruzan hacia Brasil bajo el pretexto de transportar cargas inofensivas de plástico, mientras ocultan metales de alto valor en el fondo de los vehículos.
La magnitud del contrabando alcanza aproximadamente 40 camiones mensuales, cada uno valorado en más de 1.000 millones de guaraníes, lo que representa un movimiento anual superior a los 400.000 millones sin tributar impuesto alguno ni cumplir las normativas de exportación vigentes. Los vehículos logran atravesar más de 13 puntos de control, incluyendo puestos de la Policía Nacional, Aduanas y unidades especializadas, sin ser interceptados.
Salvo la @DNITpy, que sólo en Febrero ya incautó miles de toneladas de chatarra y plástico que estaban siendo contrabandeados al Brasil, ni la @policia_py ni tampoco el @MinPublicoPy le interesa combatir el tráfico ilegal de estas cargas en donde se cometen principalmente tanto… pic.twitter.com/yCK12A6DOG
— Hector Alegre, MAPyG (@hectordalegre) April 4, 2025
Las zonas críticas de tráfico incluyen Ciudad del Este, Hernandarias, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y particularmente Pindoty Porã, donde los depósitos de materiales reciclables se ubican estratégicamente cerca de comisarías y unidades militares. La denuncia documenta casos específicos, como el decomiso reciente de un tracto camión con más de 2.000 kilos de aluminio prensado en Chiriguelo, Amambay, el 6 de febrero de 2025, sin documentación legal que respaldara la operación.
Además del impacto económico, el documento enfatiza los graves riesgos ambientales y sanitarios derivados del manejo irregular de estos residuos. Tanto el cobre como el aluminio pueden generar contaminación del aire, agua y suelos, afectando la biodiversidad y representando una amenaza directa para la salud pública. La red criminal también recluta a jóvenes en situación de vulnerabilidad para el hurto de cables, que posteriormente son fundidos y revendidos, alimentando un circuito de delincuencia y precarización social.
La operación viola múltiples regulaciones, incluyendo el Decreto N.º 21003/03 que exige licencia previa y registro de exportadores, así como normativas ambientales nacionales e internacionales como el Convenio de Basilea, ratificado por Paraguay, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. El Ministerio del Ambiente (MADES) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) han sido señalados como omisos ante la falta de controles efectivos.
La denuncia solicita investigar delitos como lavado de activos, contrabando, evasión impositiva, cohecho, soborno, producción de documentos falsos, asociación criminal y delitos ambientales tipificados en diversas leyes. Merlo Faella propone la reactivación de mecanismos de cooperación con Brasil mediante Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs), herramienta prevista en tratados bilaterales para desarticular redes criminales transfronterizas.
Este caso expone una preocupante debilidad institucional que permite la operación de estructuras criminales a plena luz del día, representando una amenaza sistémica para el Estado de Derecho, la salud ambiental y la economía nacional.
Mientras la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha mostrado interés en combatir estas operaciones ilícitas, la mayoría de las instituciones estatales han respondido con indiferencia, permitiendo que esta maquinaria delictiva continúe funcionando con impunidad.
Fuente: RDN
