La fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia confirmó oficialmente el dictamen que solicita la desestimación de la causa penal iniciada tras la muerte del entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes. Esta decisión ratifica la postura presentada en marzo por los fiscales Celso René Morales Fernández, Christian José Ortiz Riveros y Luis Amado Said Frágueda, quienes determinaron que no existen elementos que justifiquen la continuación del proceso penal.
El caso se originó tras el fatal operativo realizado el 19 de agosto de 2024 en la residencia del legislador en Pedro Juan Caballero, quien era investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal en el marco del operativo Pavo Real Py II. La investigación sobre su muerte comenzó luego de una denuncia presentada por Marcelo Rodrigues Gomes al día siguiente del hecho.
El juez penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco Torraca, se había opuesto inicialmente a la solicitud de desestimación, devolviendo el expediente a los fiscales para que reconsideraran su posición. Cuando estos ratificaron su petición el 19 de marzo, el magistrado insistió en su oposición y elevó el caso a la Fiscalía General del Estado para revisión, conforme establece el artículo 314 del Código Procesal Penal.
Mediante el dictamen N° 457 del 10 de abril, la fiscala adjunta Matilde Moreno respaldó la postura original de los fiscales intervinientes. Este pronunciamiento deja al juez Areco sin alternativas legales, obligándolo a archivar definitivamente el caso según lo estipulado en el Código Procesal Penal, que en su artículo 314 establece que cuando el Ministerio Público insiste en su solicitud, el juez debe resolver conforme a lo peticionado.
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Los fundamentos de la Fiscalía para archivar el caso se basan en evidencia técnica del CEMIT, que detectó presencia de bario, plomo y antimonio en las manos y antebrazos de Gomes, lo que confirma que disparó el arma de fuego tipo pistola marca Glock registrada a su nombre. Según el dictamen fiscal, aunque la acción del Subcomisario Carlos Darío García Valenzuela fue típica, no resulta antijurídica, pues actuó cumpliendo un deber legal y en legítima defensa.
La fiscala Moreno concluyó que la conducta del subcomisario que ocasionó el fallecimiento de Gomes “no reúne todos los presupuestos de la punibilidad y, por lo tanto, no constituye hecho punible”. Esta decisión marca el final del proceso judicial iniciado tras la muerte del legislador, confirmando la versión oficial de que el diputado falleció al enfrentarse a las fuerzas policiales durante el allanamiento a su domicilio.
Fuente: ABC Color
