El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de la familia de Rodrigo Quintana, cuestionó duramente al Ministerio Público por presuntas trabas impuestas durante la investigación del homicidio ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Según sostuvo, desde un inicio la Fiscalía obstaculizó el acceso a elementos fundamentales como los videos de circuito cerrado y el cruce de llamadas de altos mandos policiales.
Duarte Cacavelos explicó que los padres de Quintana asumieron desde el primer momento la querella adhesiva, pero se encontraron con serias dificultades para impulsar la causa. Una de las principales barreras, según relató, fue la negativa del Ministerio Público para que los abogados realizaran análisis técnicos del circuito cerrado, desvío que llevó el caso hacia otra carpeta fiscal destinada a investigar la tenencia de bombas molotov, a cargo del fiscal Aldo Cantero.
¿Quién dio la orden?: Fiscalía priorizó otras causas y obstaculizó el esclarecimiento del homicidio, afirma abogado
Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la familia de Rodrigo Quintana, denunció las irregularidades y obstáculos que enfrentó la investigación del homicidio… pic.twitter.com/oEgNorrzpB
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 11, 2025
Ya incorporado al equipo jurídico, el abogado logró acceder al cruce de llamadas del entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. Sin embargo, afirmó que esta evidencia no fue debidamente analizada por las autoridades fiscales, pese a contener comunicaciones clave entre Sotelo y actores vinculados al intento de enmienda constitucional para la reelección presidencial.
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Duarte insistió en que no se investigó adecuadamente la cadena de mando que derivó en el ingreso violento de la Policía al local del PLRA. Señaló que los registros de circuito cerrado muestran que el operativo fue planificado y no se debió a una persecución inmediata, lo cual refuerza la hipótesis de que existió una orden directa para el asalto, aunque no necesariamente para asesinar a alguien.
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El único acusado por la muerte de Quintana es el suboficial Gustavo Florentín, quien afronta juicio oral por homicidio doloso. El uniformado sostiene que fue utilizado como chivo expiatorio y que la responsabilidad de lo ocurrido recae en la conducción política y policial de entonces.
El Ministerio Público solicita una pena de 25 años de cárcel para Florentín, pero para la defensa de la familia Quintana, esa acusación es insuficiente si no se aclara quién dio la orden para el ingreso armado al PLRA en el contexto de las protestas del 31 de marzo de 2017 contra la reelección de Horacio Cartes.
Fuente: Última Hora
