La fiscala Belinda Bobadilla, encargada de investigar el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, reveló que numerosas víctimas de este esquema fraudulento posiblemente desconocen la existencia de procesos judiciales iniciados irregularmente en su contra. En declaraciones a ABC Cardinal, la representante del Ministerio Público explicó que muchos afectados solo tomaron conocimiento de estas acciones legales cuando detectaron embargos en sus salarios, medidas que recientemente la Corte Suprema de Justicia se negó a anular.
Este esquema delictivo, que involucra a casas comerciales, juzgados y abogados, operaba mediante diversas modalidades para perjudicar económicamente a trabajadores asalariados. Entre los mecanismos identificados se encuentra la sustracción de pagarés que los clientes nunca retiraron para reclamar el pago de deudas ya canceladas, la fabricación de documentos crediticios falsos para cobrar obligaciones inexistentes, y la inflación arbitraria de montos adeudados. Estas prácticas fraudulentas derivaron en numerosos procesos judiciales que, en muchos casos, terminaron con embargos salariales ejecutados sin el debido proceso de notificación a los afectados.
La investigación fiscal ha logrado incautar aproximadamente 2.700 expedientes vinculados a este esquema, la mayoría de los cuales se encontraban en la etapa de preparación ejecutiva, fase que se desarrolló sin informar a los supuestos deudores. Bobadilla señaló que solo “algunos pocos” casos avanzaron hasta la etapa de juicio ejecutivo, y aun en estos, los afectados no recibieron las notificaciones de intimación de pago o de embargo que exige el procedimiento legal, vulnerando así el derecho a la defensa de los ciudadanos involucrados.
La situación de las víctimas se ha complicado tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar las solicitudes de suspensión de embargos. La máxima instancia judicial fundamentó su postura argumentando limitaciones procesales: “El sistema que rige el proceso civil es el dispositivo que requiere la instancia de las partes. Los jueces no pueden disponer nada de oficio en un sistema dispositivo de esta naturaleza”, explicó la fiscala, citando el criterio aplicado por la Corte. Según esta interpretación, una decisión administrativa del máximo tribunal no podría tener efectos sobre procesos judiciales en curso, por lo que los embargos solo podrían ser levantados por los mismos jueces que los dictaron.
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La agente fiscal reconoció la gravedad de la situación para los afectados, admitiendo que “parece hasta malévolo lo que sucede con las víctimas”, ya que las imputaciones realizadas contra los presuntos integrantes del esquema fraudulento no brindan una solución inmediata a quienes continúan sufriendo descuentos en sus salarios. Ante este escenario, el Ministerio Público ha iniciado un trabajo coordinado con el Ministerio de la Defensa Pública para desarrollar “mecanismos concretos en cada proceso”, buscando alternativas jurídicas a medida que las víctimas se presentan a denunciar su situación.
No obstante, los esfuerzos institucionales se enfrentan a un desafío significativo: la falta de conocimiento por parte de muchos afectados sobre su condición de víctimas. Según explicó Bobadilla, numerosas personas simplemente ignoran que existen procesos judiciales en su contra, lo que dificulta cualquier intento de defensa legal. Esta circunstancia ha llevado a que la Defensa Pública esté realizando esfuerzos para “localizar” a potenciales afectados, con el objetivo de brindarles asesoramiento técnico para solicitar la anulación de los embargos irregulares.
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La fiscala informó que los jueces interinos están otorgando prioridad a los casos identificados, en un intento por agilizar las respuestas judiciales para las víctimas. Sin embargo, la complejidad del esquema y la cantidad de afectados representan un desafío significativo para el sistema de justicia paraguayo, que ahora debe enfrentar no solo el procesamiento de los responsables del fraude, sino también la reparación de los daños causados a los ciudadanos que, sin saberlo, fueron arrastrados a procesos judiciales irregulares que continúan afectando su economía personal y familiar.
Fuente: ABC Color
