Tres personas trans presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de reclamar su derecho a rectificar sus nombres en los documentos oficiales. La abogada y activista por los derechos humanos Kimberly Ayala encabeza esta iniciativa, acompañando los casos de Francesca Yegros, Camila Denis y el suyo propio, luego de que sus solicitudes fueran rechazadas en primera y segunda instancia judicial.
La solicitud judicial se sustenta en la necesidad de declarar inconstitucionales las resoluciones previas del Juzgado de lo Civil y Comercial y del Tribunal de Apelaciones, que desestimaron el pedido de cambio de nombre. Según explicó Ayala, la Fiscalía se basó en el artículo 56 de la Ley N.º 1.266/87, que prohíbe inscribir nombres que puedan inducir a error sobre el sexo, norma que para la abogada está en contradicción con derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales de la acción, se señala que los derechos a la libre expresión, a la personalidad y a la construcción de la identidad, consagrados en la Carta Magna, deben prevalecer sobre normativas de menor jerarquía. Además, se invoca el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Paraguay, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda a los Estados garantizar mecanismos administrativos o judiciales para el reconocimiento del nombre de las personas trans.
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Ayala remarcó que la acción no busca modificar el sexo registrado en los documentos, sino exclusivamente el nombre, con el fin de que este refleje la identidad con la que cada persona se reconoce. Denunció que este derecho, accesible a cualquier ciudadano, continúa siendo negado a las personas trans, en lo que consideró una práctica discriminatoria.
Desde hace años, organizaciones sociales han impulsado campañas como “Yo soy real, mi nombre debe ser legal”, sin obtener respuestas favorables del sistema judicial paraguayo. Se estima que más de 1.500 personas trans viven en el país, muchas de las cuales enfrentan obstáculos legales para acceder al reconocimiento de su identidad.
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El caso se suma a precedentes como los de Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, quienes ganaron sus reclamos en primera instancia, pero no lograron hacer efectivo el cambio en sus documentos. Ante la falta de cumplimiento, ambas recurrieron a instancias internacionales en busca de justicia
Fuente: ABC Color
