En los primeros meses del 2025, Paraguay registró siete casos de feminicidio, según datos del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público. Las víctimas, todas mujeres, dejaron un total de 15 niños y adolescentes huérfanos, reflejando el grave impacto social de la violencia de género. Además, se contabilizaron 15 intentos de feminicidio que no llegaron a consumarse.
La distribución geográfica de los casos evidencia una concentración en el departamento Central, con tres hechos. Los otros ocurrieron en San Pedro, Caazapá, Concepción e Itapúa. Las víctimas tenían edades entre 20 y 60 años, mientras que los agresores tenían un rango más amplio, entre 18 y 80 años. En seis de los siete casos, el agresor era la pareja actual de la víctima; en uno, se trataba de una expareja, y en otro, de un conocido.
Un aspecto relevante del análisis es la situación familiar de las víctimas: seis eran madres y siete eran de nacionalidad paraguaya, incluyendo una perteneciente a una comunidad indígena. Los hijos e hijas de estas mujeres forman parte del grupo más afectado, quedando en situación de vulnerabilidad tras los crímenes.
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En cuanto a las modalidades utilizadas, cinco mujeres fueron asesinadas con armas blancas y dos mediante asfixia. En al menos dos casos, se registró un alto grado de violencia, con signos de ensañamiento. Uno de los hechos incluyó el descuartizamiento y decapitación de la víctima, lo que refleja el nivel extremo de agresividad en ciertos casos.
De los agresores, seis ya fueron imputados por el Ministerio Público, uno se autoeliminó tras cometer el crimen y otro se encuentra prófugo con orden de captura. Llamativamente, uno de los autores identificados es suboficial de la Policía Nacional. En un caso adicional, el agresor tenía una medida judicial de restricción que no fue efectiva para evitar el asesinato.
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La información revela deficiencias en la prevención y protección de mujeres en situación de riesgo, y pone en debate la eficacia de las políticas actuales. La violencia contra la mujer continúa siendo un problema estructural que requiere acciones integrales y coordinadas entre las instituciones del Estado.
Fuente: Megacadena
