Policiales

Polibandis: más de diez agentes implicados en delitos este año

Aumentan los casos de policías implicados en delitos en Paraguay: robos, tráfico, extorsión y hasta feminicidios sacuden a la Policía Nacional este 2025.

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay participan en un acto de entrega de vehículos y equipamiento a las fuerzas policiales por parte del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de López, en Asunción (Paraguay). (Imagen de referencia). Juan Pablo Pino

La Policía Nacional enfrenta un preocupante deterioro de su imagen institucional en lo que va del 2025, con más de diez casos registrados donde agentes activos han sido implicados en diversos delitos. Desde el tráfico de drogas hasta homicidios, estos incidentes revelan una problemática estructural que pone en jaque la confianza ciudadana en la institución del orden público. Estos casos no solo representan violaciones a la ley, sino también un grave incumplimiento del mandato constitucional de protección a la ciudadanía.

Desde narcotráfico hasta homicidios marcan crisis institucional

El primer incidente grave ocurrió el 8 de enero, cuando militares sorprendieron a cuatro agentes policiales descargando 286 kilogramos de marihuana de una lancha en Colonia Guadalupe, departamento de Canindeyú. Los implicados, el suboficial principal Valvino Melgarejo Galeano, el suboficial mayor Julio César Brítez Recalde, el suboficial mayor Édgar Ramón Gavilán Coronel y el suboficial mayor Carlos Cabrera Haedo, fueron imputados por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

Apenas dos días después, el 10 de enero, tres agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía fueron imputados por coacción grave tras extorsionar a una familia en el barrio Obrero de Asunción. El oficial primero Juan David Ginés Rodas, el suboficial Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano interceptaron y siguieron a las víctimas hasta su domicilio, donde estas lograron alertar al servicio de emergencias 911, provocando la huida de los uniformados. El incidente quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, proporcionando evidencia contundente de este abuso de autoridad.

Casos de gatillo fácil y sustracción de evidencias

El 22 de enero se registró un inquietante caso de gatillo fácil protagonizado por el suboficial mayor Adrián Darío Saucedo, quien fue grabado disparando su arma reglamentaria contra un joven tras una discusión en una cancha de pikivóley en Coronel Oviedo. Aunque el proyectil no impactó en la víctima, el incidente ejemplifica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes que deberían garantizar la seguridad ciudadana. Por temor a represalias, los testigos no formalizaron la denuncia, lo que subraya la vulnerabilidad de la población ante los abusos policiales.

Otro caso alarmante ocurrió el 11 de marzo, cuando se detectó la desaparición de siete pistolas y dos revólveres que estaban bajo resguardo en la oficina de Ayudantía de la Dirección de Criminalística. Como resultado, fueron detenidos cuatro oficiales: el suboficial Hugo Daniel Cristaldo Barreto, imputado por reducción, transgresión a la Ley de armas, detentación ilegal, quebrantamiento de depósito y asociación criminal; junto a los suboficiales Pablo Damián Escobar Quiñónez, Nelson Sosa Cáceres y Alberto Benítez Caballero, acusados de detentación ilegal y asociación criminal.

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En el ámbito de los delitos contra la propiedad, el 24 de marzo los suboficiales José Enrique Mora Mora y Willian Osmar Espínola Vera, asignados a la comisaría 10° Central de Mariano Roque Alonso, fueron imputados por hurto agravado y falsificación de documentos tras sustraer una motocicleta y venderla en un taller mecánico. Similarmente, el 25 de marzo, el suboficial ayudante Robert Cardozo Oviedo del Departamento de Seguridad Urbana y Turística fue detenido junto a tres cómplices por el robo de otra motocicleta en Capiatá.

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El caso más reciente y quizás más grave se registró el 7 de abril, cuando un suboficial fue señalado como principal sospechoso del feminicidio de Celina Martínez Ojeda, cuyo cuerpo fue encontrado en una plantación entre las colonias Amambay e Irún en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá. Este hecho, que constituye el delito más grave entre los mencionados, pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar mecanismos más rigurosos de selección, formación y control del personal policial, así como fortalecer los sistemas de denuncia y protección para las víctimas de abusos por parte de agentes del orden.

Fuente: ABC Color