La familia del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, tras la negativa del Tribunal de Apelación a su solicitud de acceder a información sobre la investigación en curso. Esta decisión representa la última vía legal disponible a nivel nacional en Paraguay.
El pedido fue presentado por los hermanos del fiscal, Francisco y Gabriela Pecci, a través del abogado Enrique Kronawetter. La solicitud buscaba conocer los avances del Ministerio Público en la identificación de los autores intelectuales del crimen, pero fue rechazada por dos de los tres jueces del tribunal.
La resolución judicial, respaldada por los magistrados Delio Vera y Agustín Lovera, se basó en la protección de la investigación preliminar, mientras que el juez Cristóbal Sánchez votó a favor del acceso solicitado por la familia. El rechazo motivó a la defensa a recurrir a la Sala Constitucional, considerando que existen garantías constitucionales e internacionales que amparan el derecho de las víctimas a participar activamente en los procesos.
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Kronawetter argumentó que no existe riesgo de obstaculización y señaló que la falta de transparencia debilita la búsqueda de justicia. El plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad es de nueve días hábiles desde la notificación de la resolución.
Antecedentes del caso y condenas en Colombia
El fiscal Pecci fue asesinado a balazos en la playa de Barú, Cartagena, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. La investigación en Colombia logró esclarecer la logística del crimen, identificar a los autores materiales y condenar a siete personas, entre ellos los hermanos Pérez Hoyos, quienes ordenaron el asesinato.
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Otras condenas incluyeron al sicario, al conductor, y a los cómplices que siguieron los movimientos de la pareja. En mayo de 2024, Francisco Correa, señalado como coordinador del crimen, fue sentenciado a seis años y medio, pero fue asesinado en prisión en enero. Margareth Chacón, condenada a 35 años, continúa apelando la decisión.
Críticas por falta de avances en Paraguay
A diferencia del avance de la justicia colombiana, la Fiscalía paraguaya aún no ha identificado a los autores morales del crimen. La familia Pecci cuestiona el estancamiento del caso a nivel local y ya inició acciones paralelas, como una demanda contra el Estado colombiano y la cadena hotelera Decameron por presuntas omisiones de seguridad.
El caso, de repercusión internacional, continúa sin respuestas definitivas desde Paraguay, lo que motiva a los familiares a agotar las instancias judiciales disponibles en busca de verdad y justicia.
Fuente: Última Hora
