El Gobierno Nacional presentó esta semana un proyecto de infraestructura vial que prevé la construcción de una autopista urbana elevada de casi cuatro kilómetros, desde Luque, y la habilitación de dos corredores que conectarán con las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra beneficiará a más de 1,3 millones de personas al día y será complementaria al futuro tren de cercanías. Sin embargo, la propuesta ya genera controversia por su impacto y ejecución.
La iniciativa es presentada como una solución para mejorar la conectividad y reducir la congestión vehicular, pero sectores técnicos, académicos y políticos cuestionan la sostenibilidad del proyecto en el contexto del crecimiento urbano acelerado del área metropolitana de Asunción.
Impactos críticos y contradicciones con políticas públicas
Desde el ámbito académico, el máster en planificación urbana Fernando Maidana citó un reciente estudio del arquitecto Sánchez (UNA, 2025), que advierte que infraestructuras similares como el viaducto del Jardín Botánico generaron más efectos negativos que positivos. El análisis registró 90 impactos, de los cuales 81 fueron negativos, especialmente sobre el ambiente, la movilidad y la calidad de vida urbana.
A ello se suma la observación del ingeniero civil Pablo Callizo, concejal de Asunción, quien afirmó que construir una vía rápida en paralelo al proyecto del tren de cercanías representa una incoherencia en la política de transporte. Según explicó, mientras se busca promover el transporte público ferroviario, se prioriza una solución centrada en el uso del automóvil particular.
Callizo también alertó sobre el efecto de expansión urbana descontrolada que generaría la obra si no va acompañada de un plan territorial. Sostuvo que el área de influencia de los corredores viales será objeto de una rápida urbanización, lo que podría saturar la infraestructura en pocos años, generando un nuevo cuello de botella.
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Los críticos reclaman que la obra, valorada en aproximadamente USD 200 millones, carece de estudios públicos detallados sobre impacto urbano, y exigen una planificación integral que contemple desarrollo sostenible, ordenamiento del territorio y fortalecimiento del transporte público.
Cuestionamientos por transparencia y posibles vínculos políticos
Otro aspecto que genera inquietud es la falta de un proceso licitatorio abierto. El concejal Callizo denunció que no se realizó un llamado a concurso ni se publicó un análisis técnico-financiero transparente. Además, mencionó la posibilidad de un conflicto de intereses que involucraría al senador Derlis Pettengill, quien estaría relacionado con la propuesta.
Organizaciones sociales y técnicas exigen claridad sobre el financiamiento, el cronograma y la participación de empresas privadas, al tiempo que piden el involucramiento de instancias como la Contraloría y el Congreso para garantizar la transparencia.
Pese a las promesas de sostenibilidad, el diseño actual del proyecto prioriza el flujo vehicular privado, relegando al transporte público y debilitando la visión de un sistema integrado de movilidad. Según los especialistas, esto podría perpetuar los problemas estructurales del tránsito en Gran Asunción, en lugar de resolverlos.
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Además del impacto sobre espacios verdes y la contaminación ambiental, se teme que la obra desincentive la inversión en el tren de cercanías, una solución estructural de largo plazo con beneficios más amplios y sostenibles.
Llamado a revisión técnica y debate ciudadano
La megaobra anunciada por el Gobierno enfrenta crecientes críticas por su falta de planificación y coherencia con las políticas de movilidad urbana. Tanto profesionales como sectores de la sociedad civil exigen mayor participación ciudadana, análisis técnico riguroso y control institucional. En una zona metropolitana en expansión, las decisiones sobre infraestructura requieren visión a largo plazo, transparencia y alineación con el desarrollo urbano sostenible.
Fuente: El Nacional
