Una contundente denuncia penal fue presentada esta mañana ante el Ministerio Público de Derechos Humanos contra los comisarios Mario Ovelar y Gustavo Errecarte, junto a otros agentes policiales involucrados en la violenta represión ocurrida frente al Palacio de Justicia el 31 de marzo pasado. La acción legal busca sentar un precedente contra el uso desmedido de la fuerza pública en manifestaciones pacíficas.
El incidente se desencadenó cuando dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) intentaban realizar un homenaje a Rodrigo Quintana, joven asesinado durante la crisis política de marzo de 2017. Los uniformados, sin justificación legal aparente, impidieron el paso de los manifestantes, lo que derivó en una serie de altercados que incluyeron empujones, forcejeos y varias personas derribadas violentamente.
PRESENTAN DENUNCIA CONTRA POLICÍAS QUE REPRIMIERON A MANIFESTANTES |
➡️El abogado Felino Amarilla mencionó que la denuncia fue caratulada como lesión grave porque es consecuencia de los empujones y de la agresión policial.
️»Acá lo preocupante es que el señor Víctor Ríos, que… pic.twitter.com/QJ0RbVCBKZ
— Radio 780 AM (@780AM) April 7, 2025
La denuncia, patrocinada por el reconocido abogado Felino Amarilla, detalla múltiples hechos punibles atribuidos a los responsables de la operación policial. Entre los cargos presentados se incluyen: lesiones en ejercicio de funciones públicas, lesión grave, coacción grave, violencia contra la mujer y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, este último relacionado con presuntas falsificaciones en los informes oficiales del operativo.
Según consta en el documento presentado ante la fiscalía, la represión no solo constituyó una flagrante violación de derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y manifestación, sino que además dejó un saldo de personas con lesiones físicas significativas que simplemente ejercían su derecho a la protesta pacífica, garantizado por la Constitución Nacional.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), entidad con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos civiles, emitió un categórico pronunciamiento alertando sobre el preocupante deterioro democrático que vive el país. En su comunicado, la Codehupy enfatizó que el Estado paraguayo no puede criminalizar las protestas mediante acciones represivas, como ocurrió con los manifestantes el 31 de marzo. La organización señaló que las medidas adoptadas por las autoridades están muy lejos de garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la carta magna.
Testigos presenciales relataron a medios de comunicación cómo la policía actuó con excesiva fuerza. Existen registros audiovisuales que muestran a agentes policiales utilizando técnicas de contención desproporcionadas contra manifestantes desarmados, material que ha sido incorporado como evidencia en la denuncia penal.
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Los querellantes aseguran contar con abundante material probatorio, incluyendo videos, fotografías y testimonios de los presentes. La acción legal busca no solo la sanción individual de los responsables, sino también establecer un precedente institucional para evitar que estos abusos se repitan en futuras manifestaciones ciudadanas.
En la convocatoria para acompañar esta presentación judicial, los organizadores enfatizaron la necesidad de visibilizar estos hechos represivos y manifestaron que “la memoria de Rodrigo Quintana sigue viva en el pueblo”, añadiendo que “la impunidad no pasará”.
El caso promete convertirse en un emblema de la lucha contra la represión estatal y la criminalización de la protesta en Paraguay, en un contexto donde diversos sectores denuncian un progresivo endurecimiento de las políticas de seguridad contra la disidencia política.
Fuente: Megacadena
