La Itaipú Binacional, bajo la dirección de Justo Zacarías Irún, vuelve a estar en el centro del debate público tras la millonaria adquisición de mobiliarios brasileños destinados a los nuevos edificios del Gobierno en el Puerto de Asunción. La operación, que involucra cerca de 28 mil millones de guaraníes, se concretó con la empresa Movicor SACI, que importará los muebles desde Brasil, pese a que el país cuenta con una pujante industria del mueble. Esta decisión ha generado malestar dentro de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que ve con recelo el reiterado menosprecio del Gobierno hacia la producción nacional.
La adjudicación se realizó en el marco de un convenio entre la Itaipú, a través de sus fundaciones Tesai y Parque Tecnológico, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión. El pliego de condiciones, al parecer, se adaptó perfectamente a los catálogos de la firma brasileña Marelli, dejando fuera de competencia a los fabricantes locales. Este hecho reaviva las sospechas de direccionamiento en las licitaciones públicas, más aún cuando las compras se hacen por fuera del sistema tradicional de Contrataciones Públicas y a través de las fundaciones de la binacional.
#ABCNoticias | Itaipú Binacional adjudicó la licitación para la compra de mobiliarios destinados a las oficinas del Gobierno del Puerto de Asunción.
Tal como se denunció, la empresa Movicor SACI resultó beneficiada con un contrato de G. 28.000 millones y proveerá muebles de… pic.twitter.com/5fn9E43hNC
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) April 3, 2025
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas incluso catalogó esta compra como un “caso exitoso de ahorro” tras la implementación de la tienda virtual. Sin embargo, ese argumento se cae al considerar que dicha plataforma busca precisamente promover la adquisición de productos nacionales. Esta contradicción agudiza la percepción de que el Estado incumple sus propias políticas de fomento industrial, al preferir insumos importados con fondos públicos.
Desde la disidencia oficialista ya circulan denuncias sobre un supuesto esquema de recaudación política operado por el Clan Zacarías. Según fuentes del sector industrial, estas compras serían parte de una estrategia para financiar la próxima campaña electoral del oficialismo, utilizando los fondos de los royalties de Itaipú, que ascienden a USD 2.200 millones. Se trata de recursos originalmente suspendidos y luego reactivados sin mayores controles, cuyo uso actual genera dudas sobre la transparencia en la gestión binacional.
El caso se da semanas después del escándalo por la compra de pupitres chinos por parte del Estado, también con dinero de Itaipú, por valor de USD 32 millones. La proveedora en esa ocasión fue Kamamya SA, cuyo accionista mayoritario, Long Jiang, mantiene vínculos con el vicepresidente Pedro Alliana. Esta operación fue duramente cuestionada por los propios ministros del Ejecutivo, Carlos Fernández Valdovinos (Economía) y Javier Giménez (Industria), debido al sobreprecio en los sets escolares.
En cuanto a la nueva compra para las oficinas gubernamentales, el paquete contempla 15.112 muebles, todos de origen extranjero. Esta cifra, junto con las recientes compras educativas, refuerza la preocupación de que el Gobierno de Santiago Peña esté más interesado en concretar adquisiciones rápidas que en fomentar el empleo nacional, a contramano de su promesa de generar 500.000 puestos de trabajo durante su mandato.
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La UIP, por su parte, aún evita pronunciamientos frontales, pero internamente se manifiesta “muy molesta”. De hecho, se estima que cerca del 56% del consumo institucional proviene del Estado, mientras el 44% restante se reparte entre los sectores privados. Por tanto, cualquier decisión de compra gubernamental tiene un impacto directo sobre la industria local, que hoy se siente traicionada por un discurso oficial que habla de apoyar lo nacional, pero actúa en dirección contraria.
La elección de empresas extranjeras no solo perjudica al empresariado paraguayo, sino que también debilita las bases de una economía sustentable, que requiere del impulso local para sostener el empleo y la producción. En este escenario, el uso discrecional de los recursos binacionales, sumado a la falta de criterios éticos en las compras públicas, amenaza con instalar una nueva lógica de gestión que prioriza conveniencias políticas antes que intereses de país.
Fuente: La Política Online
