Graves violaciones a los derechos humanos fueron documentadas durante una visita sorpresiva realizada el 26 de marzo de 2025 por cuatro juezas de Ejecución Penal al pabellón psiquiátrico de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La inspección reveló una situación alarmante: de los 62 internos con padecimientos mentales que alberga el penal, apenas 14 están ubicados en el denominado pabellón psiquiátrico, el cual presenta severas deficiencias estructurales y sanitarias que vulneran derechos fundamentales.
El documento judicial elaborado tras la visita expone condiciones deplorables: el pabellón dispone de un único sanitario sin ducha funcional, lo que obliga a los internos a utilizar baldes para su aseo personal. De las 21 camas existentes, solamente seis cuentan con colchones, viéndose los demás reclusos forzados a improvisar con cartones y maderas terciadas para descansar. La ventilación resulta insuficiente, con solo tres ventiladores para toda la celda comunal, mientras la iluminación depende de un único foco. Las magistradas también documentaron presencia de material fecal en los pasillos y extrema precariedad en las instalaciones sanitarias.
Un hallazgo particularmente preocupante fue constatar que la seguridad y cuidado de los internos con padecimientos mentales no recae en personal penitenciario especializado, sino en otro recluso. Este interno, identificado como Marcos Andrés Rubira, es quien se encarga de prevenir conflictos, distribuir los alimentos y brindar atención básica. La alimentación se sirve en recipientes improvisados, como botellas plásticas cortadas a modo de platos, evidenciando la ausencia de utensilios adecuados para una alimentación digna, situación que contraviene normativas nacionales e internacionales.
Frente a estas graves irregularidades, el Juzgado de Ejecución Penal declaró procedente una Acción de Tutela Jurisdiccional en favor de los internos del pabellón psiquiátrico. La resolución insta al Ministerio de Justicia a implementar medidas urgentes para mejorar las condiciones de salubridad, proporcionar colchones adecuados, reparar la infraestructura edilicia, proveer mobiliario funcional y garantizar correcta ventilación e iluminación. Asimismo, ordena la separación física entre internos condenados y procesados, conforme lo establece la normativa vigente.
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La jueza Liz Rossana Bogarín señaló en su análisis que las condiciones actuales “atentan contra los principios contemplados en el Art. 20 de la Constitución Nacional que busca la readaptación social de los penados”, además de vulnerar derechos inherentes a la calidad de vida, salud y dignidad humana garantizados por la Carta Magna y tratados internacionales. El informe también revela deficiencias críticas en la atención médica especializada, contando el penal con un solo psiquiatra para atender a 62 pacientes con trastornos mentales, quien cumple horario únicamente los martes y jueves.
La resolución judicial también ordena al Ministerio de Justicia elaborar una reglamentación para el funcionamiento del pabellón psiquiátrico, incorporar personal penitenciario capacitado para la atención de estos internos, asignar más médicos psiquiatras, incluir a los internos en programas de salud dependientes del MSPyBS y desarrollar terapias alternativas que favorezcan su rehabilitación. Esta intervención judicial busca garantizar condiciones mínimas de reclusión compatibles con los derechos humanos de esta población especialmente vulnerable.
Fuente: El Observador
