Momento en que empleados –que dijeron ser de Kamamya SA– armaban los pupitres chinos en el polideportivo municipal de Juan E. O´Leary.
El contrato por USD 32 millones entre Itaipú Binacional y la empresa Kamamya SA, para proveer 330.000 pupitres a instituciones públicas, establecía claramente que el montaje del mobiliario debía realizarse en un depósito propio de al menos 7.000 m². Sin embargo, desde el inicio de la distribución, se ha verificado que las sillas y mesas chinas están siendo ensambladas en tinglados municipales prestados, en abierta contradicción con las condiciones de la licitación.
La proveedora adjudicada, Kamamya SA, cuyo propietario es el empresario Long Jiang —vinculado al vicepresidente Pedro Alliana y al grupo político de los Zacarías Irún— habría violado el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). A pesar de esto, Itaipú, presidida por Justo Zacarías Irún, no solo no ha sancionado la irregularidad, sino que habría gestionado junto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el uso de espacios públicos como alternativa.
En Alto Paraná, el ensamblaje se realizó en el polideportivo municipal de Juan E. O’Leary. Su intendente, Everaldo Acosta, confirmó que el espacio fue cedido a cambio de futuras obras financiadas por Itaipú. Una situación similar se repitió en Caaguazú, donde el intendente de RI 3 Corrales, Raúl Nardelli, también permitió el uso gratuito de un tinglado municipal.
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La misma práctica fue replicada en San Pedro, donde la intendenta Silvia Trugber Benítez autorizó la utilización del centro recreativo municipal de Santa Rosa del Aguaray para el montaje de los pupitres. Estos espacios no reúnen las condiciones técnicas requeridas para el proceso industrial estipulado.
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La ausencia de sanciones por parte de Itaipú y la evidente tolerancia ante el incumplimiento contractual despiertan sospechas de favoritismo hacia la empresa adjudicada, cuyos vínculos políticos son notorios. El costo unitario de los pupitres, USD 96, también ha sido duramente criticado, al representar un sobreprecio frente a proveedores locales.
Este caso expone una cadena de irregularidades en la ejecución de un contrato millonario financiado con fondos públicos, sin controles efectivos y con uso indebido de bienes municipales. Las condiciones impuestas en el proceso licitatorio fueron ignoradas, y las autoridades involucradas aún no han rendido cuentas ante la ciudadanía.
Fuente: ABC
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