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El sistema judicial volvió a mostrar sus graves falencias en la protección de víctimas de violencia de género. Noelia Leguizamón, quien estuvo al borde de la muerte tras ser brutalmente agredida por su expareja, denunció públicamente que su agresor recibió el beneficio de prisión domiciliaria y ahora reside a escasos 200 metros de su hogar, violando la restricción legal de 500 metros que debería garantizar su seguridad.
La aterradora situación se desencadenó este martes cuando la víctima se enteró por sus propios medios que el hombre, quien había sido recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en octubre pasado, había sido liberado y trasladado a la casa de su padre. “No me notificaron y tampoco a mi abogado que le otorgaron la prisión domiciliaria”, reclamó Leguizamón, quien expresó su temor y desesperación ante la proximidad geográfica con quien intentó asesinarla.
La decisión del magistrado interviniente resulta aún más cuestionable al conocerse que el beneficio fue otorgado sin la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico, comúnmente conocido como tobillera electrónica. Este elemento, fundamental en casos de alto riesgo, permitiría al menos un control mínimo sobre los movimientos del agresor, quien según relató la víctima, la atacaba frecuentemente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas.
“Las personas que debían protegerme no existen y tengo pruebas que cuando él estaba en la cárcel me mandó decir que cuando salga me iba a destruir la vida”, declaró la mujer, evidenciando no solo el incumplimiento de los protocolos de protección, sino también la continuidad de las amenazas incluso durante el periodo de reclusión.
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El caso expone nuevamente las flagrantes contradicciones del sistema judicial paraguayo, que por un lado promueve campañas contra la violencia hacia las mujeres, mientras por otro otorga beneficios procesales a agresores sin garantizar la seguridad de las víctimas. Leguizamón, quien responsabilizó directamente al juez por lo que pudiera sucederle, representa a cientos de mujeres paraguayas que, tras sobrevivir a intentos de feminicidio, quedan a merced de un sistema que parece proteger más los derechos de los victimarios que la integridad física y psicológica de quienes sufrieron la violencia.
Esta situación plantea interrogantes urgentes sobre la efectividad de las medidas de protección a víctimas, la responsabilidad de los magistrados en el seguimiento de los casos de violencia de género y la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial que prioricen la seguridad de las víctimas y garanticen que las medidas como las restricciones de acercamiento se cumplan de manera efectiva, particularmente en casos donde existen antecedentes de agresiones severas y amenazas de muerte.
Fuente: Megacadena
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