Injusticia. Las víctimas se reunieron con senadores, y contaron sus calvarios con la Justicia. Foto: José Bogado.
El Senado fue escenario ayer de desgarradores testimonios que revelaron la magnitud devastadora de la denominada “mafia de los pagarés”, un esquema fraudulento que ha dejado miles de víctimas en Paraguay.
La iniciativa liderada por el senador Rafael Filizzola busca ahora documentar sistemáticamente todos los casos para dimensionar el alcance real de esta organización criminal que habría provocado incluso la muerte de personas desesperadas ante la imposibilidad de hacer frente a deudas fraudulentas.
“Hay personas que se han suicidado, que han perdido la vida como consecuencia del perjuicio que ha causado esta verdadera organización criminal para delinquir y para dejar en la calle a personas”, afirmó categóricamente el senador Filizzola durante el encuentro con las víctimas, quienes formaron largas filas para registrar sus casos en un nuevo sistema de documentación.
A través de un formulario digital, ya accesible mediante código QR, más de 200 personas han comenzado a registrar sus testimonios. Esta herramienta permitirá identificar patrones, casas de crédito involucradas, estudios jurídicos implicados y operadores de justicia que facilitaron este entramado delictivo que ha causado daños económicos y psicológicos incalculables.
Las historias narradas en el recinto legislativo evidencian un modus operandi sistemático: la firma de pagarés en blanco que luego eran llenados con montos astronómicos y productos jamás recibidos. Una de las víctimas relató con voz quebrada: “Yo retiré un celular y quinientos mil guaraníes, un pagaré en blanco me hicieron firmar y después ellos dijeron que yo retiré heladera, cocina, lavarropas. Hace más de diez años, todavía me siguen descontando 937 mil guaraníes; tengo que comprar 797 mil guaraníes de medicamentos, que no puedo, porque no me sobra mi sueldo y cobro apenas 800 mil guaraníes mensuales”.
Otro ciudadano, proveniente de Vallemí (Concepción), expuso cómo la distancia geográfica fue aprovechada por los estafadores: “A mí ya me descontaron más de G. 50 millones. Encima de este, me embargaron por 26 millones de guaraníes otra vez mi sueldo, que totalizan más de G. 76 millones. Al terminar mi embargo, yo solicité mi finiquito y me dijo en la empresa que me faltan todavía G. 66 millones para cubrir mi cuenta. Pero como somos de lejos y no venimos a retirar nuestros pagarés, ellos acumularon los pagarés y empezaron a vender”.
Una jubilada, entre lágrimas, expresó su desesperación al ver comprometida su atención médica por los descuentos: “Ya pagué cerca de cien millones y ahora que estoy jubilada, G. 3 millones nomás es mi salario y de eso me descuentan otra vez G. 900 mil; no tengo para pagar ya ni mi remedio. Yo necesito que suspendan estos descuentos mientras se investigue, porque no puede ser, nadie nos hace caso. Yo tengo problemas de artrosis, apenas me movilizo, me voy y vengo en la Fiscalía, te tienen como bola sin manija, nadie te hace caso”.
El abogado Jorge Rolón Luna, pionero en las denuncias formales presentadas a inicios de 2024, subrayó las repercusiones sociales de estos fraudes: “Hay gente que no puede comprar para su vivienda, hay gente que deja de mandar a su hijo a la universidad, hay gente que deja de seguir tratamientos médicos”. Esta realidad confirma que las consecuencias trascienden lo meramente económico, afectando proyectos de vida y derechos fundamentales como la educación y la salud.
Filizzola calificó como “incomprensible tal grado de delincuencia, tal grado de crueldad”, especialmente porque estos esquemas operaron “con complicidad del poder político, utilizando al Poder Judicial”. Lo más alarmante, según destacaron los presentes, es que a pesar de las investigaciones en curso, “la gente sigue pagando por cuarta o quinta vez el mismo pagaré”.
Interrogado sobre la efectividad de la respuesta judicial, Rolón Luna reconoció que “nunca va a ser suficiente, porque esto tiene unas dimensiones inimaginables”. Sin embargo, destacó como aspecto positivo que ahora “las víctimas saben que no están solas, que sus voces serán escuchadas”, un primer paso fundamental para romper el ciclo de impunidad.
En el ámbito judicial, se registraron recientemente movimientos significativos. El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, rechazó los recursos presentados por las defensas de Sebastián Benítez y Melisa Talavera, imputados en el caso. Ambos alegaban que la imputación fiscal no cumplía con los requisitos legales, argumento desestimado por el magistrado, quien dio trámite a la apelación en subsidio, trasladando el caso al Tribunal de Apelación.
Paralelamente, ante el juez Humberto Otazú, también especializado en Delitos Económicos, se tramitaron recursos similares de las defensas de Heber Hernán Cardozo y Fátima Ojeda. El magistrado dispone de tres días para resolver estos planteos. Adicionalmente, se sustanció el recurso presentado por la defensa de José Olmedo, otro de los imputados en esta causa. Para el próximo lunes están programadas cuatro audiencias adicionales relacionadas con el caso.
La iniciativa de documentación impulsada por el Senado representa un esfuerzo coordinado para dimensionar la verdadera escala de esta problemática nacional. La base de datos permitirá no solo cuantificar el daño económico, sino también identificar a todos los actores involucrados en esta red que ha operado durante décadas con aparente impunidad.
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El desafío ahora es doble: por un lado, garantizar justicia para las miles de víctimas que siguen sufriendo descuentos ilegítimos; por otro, establecer mecanismos efectivos que impidan la repetición de estos esquemas fraudulentos que han sumido en la desesperación a familias enteras y han demostrado cómo la corrupción sistemática puede comprometer la vida misma de los ciudadanos más vulnerables.
“Estamos circularizando un formulario para tener una base de datos más completa y de esa manera conocer la magnitud del problema, conocer también los patrones de acuerdo al modus operandi de estas organizaciones”, explicó Filizzola, quien confía en que esta documentación exhaustiva permitirá eventualmente recuperar al menos parte de los cobros indebidos sufridos por las víctimas durante tanto tiempo.
Fuente: Última Hora
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