Orlando René Miglio Pereira, jefe de Obras de la Municipalidad de Encarnación.
El colapso de un edificio en construcción en Encarnación dejó al descubierto graves falencias en el sistema de control municipal de obras en la ciudad. Orlando René Miglio Ferreira, jefe de Obras de la Municipalidad, admitió que no se realizó seguimiento alguno a la construcción que se derrumbó el miércoles por la noche sobre la calle Molas y la avenida Japón, cerca de la costanera, provocando la muerte de dos mujeres que se encontraban en el lugar.
En declaraciones a medios locales tras el incidente, Miglio Ferreira explicó que la normativa municipal no establece la obligatoriedad de supervisiones durante el proceso constructivo. Según sus palabras, la Comuna se limita a otorgar los permisos iniciales y realizar una inspección final una vez concluida la obra. La responsabilidad intermedia, sostuvo, recae enteramente en los propietarios y constructores: “La supervisión no está establecida en la normativa; si yo construyo algo para mí, yo soy responsable de la supervisión”.
El funcionario municipal intentó deslindar responsabilidades al afirmar que la municipalidad actuó “como dice el proceso” en cuanto a las inspecciones, confirmando que la construcción contaba con habilitación y estaba en regla según los parámetros municipales. Sin embargo, su explicación evidencia un vacío regulatorio que permitió que una edificación aparentemente insegura avanzara sin controles adecuados hasta su fatal colapso ocurrido aproximadamente a las 22:00 horas del miércoles.
Cuando se le consultó específicamente sobre el sentido de las habilitaciones municipales si no se establece un seguimiento que permita garantizar la seguridad, Miglio respondió con una frase que generó polémica: “El hecho de que no se construya como se declaró es una cuestión personal”. Esta declaración refleja la aparente desconexión entre la responsabilidad municipal de velar por la seguridad pública y los mecanismos de control implementados actualmente.
La tragedia ha puesto en evidencia otra irregularidad en la obra. Un concejal municipal de Encarnación reveló que el edificio colapsado tenía ocho plantas, cuando la habilitación municipal original solo permitía siete. Según este funcionario, posteriormente se pagó una multa para habilitar la construcción del octavo piso, sugiriendo que existe un sistema que permite regularizar infracciones mediante pagos, sin necesariamente verificar las implicaciones técnicas y de seguridad.
Sobre las verificaciones municipales, Miglio explicó que el procedimiento establecido en las normas indica que la Comuna y los bomberos deben realizar inspecciones “al principio y al final de la obra”. Dado que la construcción estaba en proceso, según indicó, “no se había llegado a la segunda etapa” de verificación, dejando un vacío de control durante toda la fase constructiva, precisamente cuando los problemas estructurales pudieron haberse desarrollado.
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Cuando se le consultó si su dependencia tomaría muestras de los materiales utilizados en la construcción fallida para determinar posibles causas del colapso, Miglio nuevamente evadió la responsabilidad municipal al señalar que “eso corresponde al que asume la dirección técnica y la construcción”, reforzando la postura de que la Comuna no tiene injerencia en aspectos técnicos durante el proceso constructivo.
Esta tragedia, que costó la vida de dos mujeres que quedaron atrapadas entre los escombros, ha generado un intenso debate sobre la necesidad de reformar las normativas municipales en materia de construcción. El caso pone de manifiesto la urgencia de implementar sistemas de supervisión continuos y efectivos que garanticen que los edificios en construcción en Encarnación cumplan con estándares de seguridad apropiados, más allá de los trámites burocráticos iniciales y finales.
Fuente: ABC Color
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