Municipalidad de Asunción bajo la lupa por prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) ha iniciado formalmente un sumario de instrucción contra la Municipalidad de Asunción por presuntas prácticas anticompetitivas en el sector de control de plagas. Mediante la Resolución D/AL N° 19/2025 del 7 de febrero de 2025, el organismo admitió la investigación tras una denuncia presentada por la Cámara Paraguaya de Contratistas de Plagas (CPCP), que alega restricciones a la libre competencia en este mercado, en contravención a la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia.

La denuncia sostiene que la comuna capitalina estaría implementando medidas que afectan negativamente tanto a las empresas que deben contratar servicios de control de plagas como a las compañías que prestan dichos servicios. Según la CPCP, estas prácticas podrían encuadrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 9 de la mencionada ley, que tipifica diversas acciones que limitan, restringen o distorsionan la competencia en los mercados.

Como parte de las diligencias preliminares, la Dirección de Investigación de la CONACOM ya ha solicitado a la Municipalidad de Asunción la remisión de información relevante vinculada al caso. Esta fase inicial busca recopilar evidencias suficientes para determinar si existen elementos que justifiquen la continuación del proceso y, eventualmente, la elaboración de un dictamen que sería elevado al Directorio del organismo regulador para su resolución final.

Entre los documentos bajo análisis se encuentran las Ordenanzas Municipales N° 100/03, N° 53/07 y N° 132/24, que establecen los marcos regulatorios para la prestación de servicios de desinfección, desinsectación y desratización en Asunción. Estas normativas determinan qué establecimientos están obligados a realizar controles periódicos de plagas y bajo qué condiciones técnicas deben ejecutarse, aspectos que estarían siendo utilizados, según los denunciantes, para favorecer a ciertos actores del mercado en detrimento de otros.

La investigación ha generado expectativa en el sector empresarial, particularmente entre las compañías especializadas en control de plagas que operan en la capital. Algunos representantes del rubro, que prefirieron mantener el anonimato, manifestaron a este medio que las restricciones impuestas por la municipalidad habrían creado barreras artificiales de entrada al mercado, limitando la competencia y encareciendo los servicios para los consumidores finales.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, la Dirección de Investigación de la CONACOM cuenta con amplias facultades para requerir información, realizar inspecciones y solicitar informes técnicos que contribuyan a esclarecer los hechos denunciados. Una vez concluida esta etapa instructiva, corresponderá al Directorio de la entidad determinar si efectivamente se configuró una infracción a la normativa de defensa de la competencia.

En caso de comprobarse las irregularidades, la Municipalidad de Asunción podría enfrentar sanciones administrativas y la obligación de modificar las ordenanzas o prácticas que sean consideradas anticompetitivas. Este precedente sería significativo, ya que marcaría uno de los primeros casos en que un ente municipal es investigado por prácticas restrictivas de la competencia en Paraguay, evidenciando el fortalecimiento institucional de los organismos reguladores.

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El caso cobra especial relevancia en un contexto donde la transparencia y la libre competencia son consideradas pilares fundamentales para el desarrollo económico y la prestación eficiente de servicios. La resolución de esta investigación podría establecer parámetros importantes sobre cómo las municipalidades deben regular actividades económicas sin distorsionar el funcionamiento de los mercados.

Este sumario administrativo refleja la creciente atención que las autoridades están prestando a las prácticas anticompetitivas en diversos sectores de la economía. Para la ciudadanía, el desenlace de este proceso será relevante no solo por su impacto en el mercado específico de control de plagas, sino también como indicador de la efectividad de los mecanismos institucionales diseñados para proteger la libre competencia y, por ende, los intereses de los consumidores.

Fuente: RDN

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