La Ley N.º 7.424/2025 que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, conocido como Registro Unificado Nacional (RUN), fue promulgada en enero de este año y será implementada desde enero de 2026. Sin embargo, técnicos y exparlamentarios han advertido que esta normativa representa una amenaza directa a la autonomía política y administrativa de los más de 260 municipios del país. Entre los principales críticos se encuentra César Florentín, ingeniero geodésico ambiental, quien sostiene que la norma fue aprobada sin el debido debate público ni técnico.
La ley establece que los municipios y la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro deberán entregar a la Corte Suprema de Justicia copias autenticadas de sus registros seis meses antes de su entrada en vigencia. Una vez que entre en vigor, los originales pasarán a ser administrados por el nuevo RUN. Según Florentín, esto implica el despojo de los municipios de sus documentos catastrales, lo que afectará su capacidad de gestión sobre tierras, inmuebles y tributos locales.
El RUN fusiona tres instituciones: la Dirección General de los Registros Públicos (dependiente de la Corte Suprema), el Servicio Nacional de Catastro (bajo el Ministerio de Economía y Finanzas) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (adscrito al Ministerio de Obras Públicas). La nueva estructura concentrará en un solo organismo las funciones de registro y catastro, bajo la administración del Poder Judicial.
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Florentín cuestiona especialmente el artículo 188 de la ley, que restringe el acceso público a documentos cuya antigüedad sea menor a 80 años. Esto, según el profesional, impediría que muchos ciudadanos puedan acceder a títulos, planos o informes periciales para defender legalmente sus propiedades. De este modo, advierte, se debilita la seguridad jurídica y se habilita la discrecionalidad del poder político para validar o invalidar registros.
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El especialista alertó que esta normativa podría generar un caos jurídico en el corto plazo, afectando inversiones inmobiliarias y derechos adquiridos. También expresó que el traspaso forzoso de archivos a la Corte Suprema contradice el principio constitucional de descentralización y vulnera la Ley N.º 3966/10, que garantiza la autonomía de los gobiernos municipales.
Finalmente, Florentín reiteró su pedido al Congreso para la derogación de la ley antes de su entrada en vigor. Según indicó, si no se revierte esta normativa, los municipios quedarán sin herramientas para ejercer su autoridad sobre el territorio, y los ciudadanos podrían perder el control y el respaldo legal de sus propiedades, en detrimento del orden institucional.
Fuente: ABC Color
