Foto: Gentileza.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad despojar de sus fueros al juez de Paz de La Catedral, 1° Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez, por su presunta implicancia en el esquema conocido como “la mafia de los pagarés”. La decisión fue tomada durante una sesión ordinaria tras el pedido del Ministerio Público, comunicado por el juez penal de garantías Humberto Otazú.
Además del desafuero, el JEM inició de oficio el enjuiciamiento del magistrado por mal desempeño de funciones y por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato. También se solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión sin goce de sueldo, en atención a la gravedad de los hechos.
Durante la sesión, el presidente del JEM, César Garay Zuccolillo, presentó los resultados de una auditoría que reveló múltiples irregularidades en la gestión del juez Villalba. Entre ellas: resoluciones sin número ni fecha, providencias que autorizaban extracciones de fondos, y omisiones en la provisión de escritos clave, así como notificaciones presuntamente falseadas por ujieres del juzgado.
Garay alertó que las anomalías encontradas podrían no ser casos aislados, y que los hechos atribuibles al magistrado reúnen características de gravedad, interés público y afectación directa a la ciudadanía. “La seguridad jurídica se ve socavada por conductas que constituyen una afrenta a la magistratura”, afirmó.
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La vicepresidenta 1° del JEM, Alicia Pucheta, añadió que los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero imputaron al juez por prevaricato y hechos punibles contra la prueba documental. Según detalló, Villalba habría actuado simulando la regularidad de los procesos judiciales, impidiendo que los demandados sean notificados y ejerzan su derecho a la defensa.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a cinco jueces señalados como integrantes de una red que facilitaba el cobro de deudas mediante pagarés falsos y procesos irregulares. Las autoridades señalaron que esta práctica compromete gravemente la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Fuente: ABC Color
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