Los manifestantes, sentados en la escalinata del Palacio de Justicia, custodiados por un pelotón de uniformados. Foto: Rodrigo Villamayor.
El pasado 31 de marzo, un grupo de ciudadanos y referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) intentó realizar un acto conmemorativo frente al Palacio de Justicia, en Asunción, para recordar un nuevo aniversario del homicidio del joven liberal Rodrigo Quintana, ocurrido en 2017. El homenaje consistía en una representación teatral y la entrega simbólica de libros y fotografías al Museo de la Justicia, pero fue impedido por agentes de la Policía Nacional.
Los incidentes se produjeron cuando un contingente policial encabezado por el comisario Mario Varela bloqueó el paso de los manifestantes. Según los intervinientes, la actuación policial se dio para prevenir una supuesta perturbación del orden público. Posteriormente, el propio comisario presentó una denuncia ante el Ministerio Público, incluyendo en la misma a varias figuras públicas por los delitos de perturbación a la paz pública y resistencia.
Entre los denunciados figuran el senador Rafael Filizzola, el diputado Raúl Benítez, la exsenadora Desirée Masi, el exsenador Luis Alberto Wagner, Olga Paredes, Agustín Saguier, Marlene Orué y Efraín Alegre Irún, hijo del dirigente liberal. La causa fue asignada al fiscal Alcides Corvalán, quien deberá determinar si corresponde la apertura formal de un proceso penal.
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En respuesta, varios de los mencionados negaron cualquier agresión a los uniformados y cuestionaron el operativo policial. “Nosotros no tocamos a la Policía”, afirmó la exsenadora Masi, quien denunció que el despliegue policial fue desproporcionado. Durante el incidente, Olga Paredes resultó herida tras caer por las escaleras cuando otro manifestante perdió el equilibrio.
El senador Filizzola y el dirigente Agustín Saguier calificaron la actuación policial como un intento de intimidación y compararon la situación con prácticas propias de regímenes autoritarios. Según Saguier, “esto busca generar miedo en la ciudadanía”. Ambos coincidieron en que el despliegue de más de 200 policías para contener a 15 personas tuvo como fin restringir el derecho a la libre expresión.
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La obra teatral, que mostraba a un personaje representando el alma de Rodrigo Quintana, fue impedida de acceder a la explanada del Palacio. Los participantes buscaban entregar dos libros titulados 31 M. La negra noche trágica de la democracia y 31 M. República o Enmienda, así como fotografías del joven opositor asesinado en la sede del PLRA durante la madrugada del 1 de abril de 2017. El incidente reactiva el debate sobre los límites a las manifestaciones públicas y la actuación de las fuerzas de seguridad en contextos conmemorativos y políticos.
Fuente: ABC / ÚH
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