El Ministerio Público imputó al juez de Paz del Primer Turno de La Catedral, Gustavo Villalba, junto a cuatro funcionarios judiciales y un abogado, en el marco de la investigación conocida como el caso “Mafia de Pagarés”. Según los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, los imputados habrían actuado de forma coordinada para tramitar 88 expedientes ejecutivos sin notificar a los demandados, dejándolos en estado de indefensión.
La imputación detalla que el juez Villalba firmó resoluciones que vulneraban el derecho a la defensa, favoreciendo una tramitación acelerada de las causas. En estos procedimientos irregulares habrían intervenido el actuario judicial Aaron Valdez, los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge René Montiel, el abogado Alejandro Valiente —representante de la empresa Credisolución SAECA— y el oficial de justicia Ronald Navarro. Los delitos investigados incluyen prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos falsificados.
EN LÍNEA| Fiscal Belinda Bobadilla
Nuevos imputados en caso #MafiaDeLosPagarés, entre ellos un juez
«Es una suerte de común acuerdo con un abogado en particular y 2 ujieres para dar procedimiento a una imputación sin que la víctima sea notificada»#PPpy #650AM pic.twitter.com/UeC77kD3iv
— Roberto Pérez (@robertoperezpy) April 2, 2025
De acuerdo con los investigadores, en los 88 expedientes se asentó falsamente que los demandados habían sido notificados y que no se presentaron a reconocer sus firmas. Con base en estos informes, se ordenaba la prosecución de juicios ejecutivos, sin conocimiento real de las personas afectadas. La mayoría de los casos favorecían a Credisolución SAECA, representada por Valiente, también imputado.
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Uno de los elementos más graves recae sobre el oficial Ronald Navarro, quien habría reportado la ejecución de embargos en cuatro causas distintas, en el mismo horario y en ciudades diferentes. Esta situación, materialmente imposible, reforzaría la hipótesis de una estructura organizada para operar irregularidades judiciales.
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La causa quedó a cargo del juez Humberto Otazú, quien deberá admitir la imputación contra los funcionarios y el abogado. En el caso del juez Villalba, se requerirá el procedimiento de desafuero ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), paso indispensable para que la investigación penal avance.
Esta nueva imputación se suma a los más de 60 procesados en el marco del caso, que expone un presunto esquema de corrupción sistemática en juzgados de paz de Asunción. El Ministerio Público continúa investigando la posible participación de otros actores judiciales, en lo que ya se perfila como uno de los escándalos más significativos en el ámbito judicial paraguayo en los últimos años.
Fuente: Judiciales.Net
