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El gobierno italiano ha implementado una drástica modificación en su política de ciudadanía que afecta directamente a cientos de miles de latinoamericanos. La administración de Giorgia Meloni ha decidido restringir el acceso a la nacionalidad italiana por ascendencia, limitándola exclusivamente a descendientes de padres y abuelos, eliminando la posibilidad que durante décadas permitió a personas con bisabuelos o tatarabuelos italianos obtener el pasaporte europeo.
La medida, aplicada sin previo aviso, ha dejado en una situación de incertidumbre jurídica a miles de solicitantes que ya habían iniciado el proceso. Solo en lo que va de 2024, aproximadamente 30.000 argentinos y 20.000 brasileños habían conseguido la ciudadanía italiana a través de consulados, cifras que ilustran la magnitud del fenómeno migratorio basado en el principio de jus sanguinis o derecho de sangre.
La reforma legislativa elimina la posibilidad que hasta ahora permitía a descendientes de cuarta o quinta generación obtener la ciudadanía italiana si podían demostrar un ancestro italiano vivo después de la unificación del país en 1861. Esta vía legal había sido utilizada por décadas como un mecanismo de emigración que permitía a latinoamericanos acceder legalmente al espacio europeo.
Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores italiano, ha justificado la medida argumentando que responde a “años de abusos” del sistema. Según las autoridades italianas, muchos solicitantes carecen de vínculos culturales reales con Italia y buscan la ciudadanía únicamente como herramienta para facilitar la movilidad internacional y el acceso a derechos en la Unión Europea.
El cambio normativo no solo restringe el grado de parentesco, sino que también impone nuevos requisitos: los solicitantes deberán demostrar su dominio del idioma italiano mediante un examen oficial, haber residido al menos tres años en territorio italiano y someterse a entrevistas presenciales en un proceso ahora centralizado que elimina la tramitación consular.
El fenómeno migratorio hacia Italia ha alcanzado proporciones significativas en la última década. Según datos oficiales, la población italiana residente en el exterior creció un 40% entre 2014 y 2024, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones, principalmente debido a la concesión de nuevas ciudadanías por ascendencia.
Esta avalancha de solicitudes ha colapsado los servicios consulares, tribunales y registros civiles italianos. En muchas representaciones diplomáticas en América Latina se habían normalizado las colas nocturnas y las citas de madrugada para conseguir un turno, mientras los plazos de espera se extendían durante años.
Paralelamente, la demanda generó un lucrativo negocio donde gestores, abogados y empresas especializadas cobraban miles de euros por rastrear documentos históricos, reconstruir árboles genealógicos y presentar solicitudes. Este mercado paralelo, según el ministro Tajani, “se convirtió en una oportunidad de fraude y ciudadanía simulada”, alimentando una industria millonaria en torno a la búsqueda de raíces italianas.
La aplicación inmediata de la normativa ha provocado situaciones dramáticas. Numerosas familias latinoamericanas que ya habían vendido propiedades, renunciado a empleos o reorganizado sus vidas con la expectativa de emigrar a Europa, se encuentran ahora sin respaldo legal y con inversiones perdidas.
En foros y redes sociales abundan testimonios sobre el impacto económico y emocional de la medida. Muchos solicitantes habían invertido sumas considerables, entre 5.000 y 15.000 euros, en investigaciones genealógicas, traducciones juradas de documentos históricos y gestiones administrativas que ahora resultan inútiles.
Especialmente afectados están quienes ya habían iniciado el “camino italiano”, estableciéndose temporalmente en pequeñas localidades italianas para realizar el trámite desde dentro del país, evitando así las largas esperas consulares. Estas personas quedan ahora en un limbo jurídico, habiendo renunciado a su vida anterior pero sin poder completar el proceso para el que emigraron.
La decisión del gobierno de Meloni refleja tensiones más profundas en la política migratoria italiana. Mientras se restringe drásticamente el acceso a la ciudadanía por ascendencia lejana, continúa la polémica por la negativa a facilitar la naturalización de hijos de inmigrantes nacidos y criados en Italia, quienes solo pueden solicitar la ciudadanía al cumplir 18 años y bajo estrictas condiciones.
La paradoja resulta evidente: Italia enfrenta una grave crisis demográfica con baja natalidad y envejecimiento poblacional acelerado, pero opta por restringir, en lugar de flexibilizar, sus políticas de ciudadanía e inmigración.
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Además, la medida se enmarca en un proceso gradual de endurecimiento que comenzó en octubre de 2024, cuando el Ministerio del Interior ya había limitado las solicitudes tras una interpretación más restrictiva del Tribunal Supremo. Esta interpretación cortaba la cadena de transmisión de la ciudadanía si un antepasado se había naturalizado en otro país mientras sus hijos eran menores, afectando a miles de solicitantes.
La reforma profundiza así la distancia entre una Italia que protege selectivamente su vínculo simbólico con emigrantes de generaciones pasadas y otra que sigue sin integrar plenamente a quienes ya forman parte de su sociedad actual. Para miles de latinoamericanos, el sueño europeo a través de la ruta italiana se desvanece, mientras las autoridades europeas buscan fórmulas para gestionar los flujos migratorios en un contexto de creciente presión demográfica global.
Fuente: Xataka
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