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La Cámara de Diputados abordará hoy un proyecto de ley que genera tantas dudas como expectativas en materia de protección de información sensible. El tratamiento de la normativa coincide con recientes episodios de vulnerabilidad informática que comprometen seriamente al Gobierno paraguayo como eventual custodio de datos personales.
El proyecto de “Ley de Protección de Datos Personales en Paraguay” figura como sexto punto del orden del día en la sesión ordinaria convocada para las 9:00. La iniciativa, ya aprobada en general, será analizada en particular mientras crecen los cuestionamientos sobre la capacidad estatal para garantizar seguridad informática.
La versión que servirá como base para el debate proviene de la comisión de Equidad Social e Igualdad entre Hombres y Mujeres, presidida por Rocío Abed, líder de la bancada cartista. Esta propuesta se impuso sobre la elaborada por especialistas que trabajaron desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, desplazando criterios técnicos por cuestiones políticas.
El timing legislativo resulta particularmente cuestionable. La semana pasada se denunció una filtración masiva de datos obtenidos de fuentes públicas paraguayas. A este incidente se sumó ayer un supuesto hackeo a autoridades nacionales atribuido al Gobierno de Brasil. Estos hechos evidencian serias falencias en la infraestructura de seguridad informática estatal.
La normativa define como datos personales aquellos que permitan la identificación de personas físicas. También contempla datos biométricos referentes a características físicas o fisiológicas, y datos sensibles vinculados al origen racial, creencias religiosas, afiliación política o aspectos que puedan derivar en discriminación.
El artículo 24 del proyecto amenaza directamente la Ley de Libre Acceso a la Información Pública al establecer restricciones para solicitar datos de funcionarios. La propuesta contempla un mecanismo donde, ante pedidos de información sobre servidores públicos, se notificará a los afectados, quienes podrán oponerse a la entrega de datos. En caso de negativa, será una nueva Agencia gubernamental quien tendrá la decisión final.
La seguridad jurídica también queda comprometida. El artículo 5º (numeral 7) y el artículo 43 delegan al Poder Ejecutivo la facultad de establecer infracciones mediante decreto reglamentario, clasificándolas apenas como “graves o leves”. Esta ambigüedad contradice principios básicos del Estado de Derecho consagrado en el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Las sanciones tampoco ofrecen mayor precisión. El artículo 44 contempla multas desde 2.500 jornales mínimos (G. 269.067.500) hasta 10.000 jornales (G. 1.076.270.000), sin especificar qué faltas ameritan cada nivel de sanción. Esta discrecionalidad otorga un poder desproporcionado al Ejecutivo a través de una nueva dependencia estatal.
La protección de datos personales representa un desafío complejo en la era digital. Desde teléfonos celulares que recopilan información de tráfico y preferencias hasta sistemas de reconocimiento facial, los ciudadanos están expuestos a captación permanente de datos sensibles.
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El potencial uso indebido abarca desde la comercialización de bases de datos con fines publicitarios hasta actividades delictivas como estafas y robo de identidad. Sin embargo, el mayor desafío radica en el doble rol del Estado: debe regular la protección de datos mientras se somete a las mismas reglas que pretende imponer.
La coincidencia entre la filtración masiva de datos públicos y el tratamiento legislativo de esta normativa plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad real del Estado paraguayo para garantizar seguridad informática en un contexto de creciente vulnerabilidad digital.
Fuente: ABC Color
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