La Contraloría General de la República (CGR) anunció la profundización del análisis patrimonial del exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo, tras detectar inconsistencias millonarias en sus declaraciones juradas. El director de la Dirección de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, confirmó que se están solicitando informes adicionales sobre las finanzas del exlegislador, cuyo patrimonio declarado sufrió una drástica reducción tras su salida del Congreso.
El caso reviste especial atención por el contexto en que se presenta: Arévalo había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados a raíz de un escándalo por presunto tráfico de influencias. Poco después, presentó dos declaraciones juradas con fechas distintas pero con datos idénticos, lo que llamó la atención de los auditores.
¿Magia? Orlando Arévalo realizó cambios en su declaración jurada, revelan desde Contraloría
Hubo una reducción importante en los bienes declarados por el exdiputado y ex titular del JEM, comentó Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría… pic.twitter.com/OoPs3dIc8t
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 1, 2025
El elemento más llamativo fue la reducción abrupta de su patrimonio. En comparación con la declaración presentada al asumir como diputado en junio de 2023, la correspondiente a febrero de 2025 refleja una disminución superior a G. 4.265 millones en bienes. Entre las diferencias se encuentra una baja en la cantidad de vehículos a su nombre, que pasó de siete a solo dos.
Además, en su primera declaración, Arévalo indicó poseer G. 1.500 millones en efectivo, fuera del sistema bancario. En las declaraciones de renuncia, ese monto cayó a G. 10 millones, una diferencia que no está respaldada por documentación oficial que justifique dicho egreso.
Ante esta situación, la Contraloría activó los mecanismos de revisión cruzada. El director Torres explicó que los movimientos financieros entre 2023 y 2025 deben estar respaldados en informes oficiales. También recordó que cualquier reducción en activos debe figurar en documentos públicos como escrituras, contratos de compraventa o donaciones.
Los auditores solicitaron a diferentes entidades informes bancarios, registrales y notariales para esclarecer el destino de los bienes. La CGR enfatizó que este procedimiento no responde a una persecución política, sino al cumplimiento del mandato constitucional de control sobre los bienes públicos y el ejercicio de la función pública.
El caso Arévalo se suma a una serie de investigaciones que involucran a figuras vinculadas al movimiento Honor Colorado. Su renuncia en medio de sospechas de tráfico de influencias ya había encendido las alarmas sobre prácticas irregulares dentro del Parlamento.
La nueva investigación de la Contraloría no solo refuerza esas sospechas, sino que también pone de manifiesto la falta de transparencia y la impunidad con que operan algunos funcionarios. La pérdida de más de G. 4.000 millones sin registro verificable vuelve a poner en tela de juicio la efectividad del sistema de fiscalización patrimonial.
El caso revela también debilidades estructurales del sistema de declaraciones juradas. La posibilidad de presentar cifras sin sustento documental y la falta de un mecanismo automático de verificación han convertido a este instrumento en una formalidad fácilmente manipulable. A pesar de reformas recientes, los controles siguen siendo reactivos y dependen de denuncias públicas o análisis de oficio.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Especialistas en derecho público reclaman una mayor automatización del cruce de datos, además de sanciones más severas para quienes falseen su situación económica. El desafío, sin embargo, reside en el poder político que ejercen los sujetos de control, lo cual limita el alcance institucional de la Contraloría.
Si bien aún no se habla de apertura de una causa penal, los informes que arroje la investigación podrían derivar en una denuncia ante el Ministerio Público. La gravedad del caso y el contexto de descrédito institucional obligan a las autoridades a actuar con celeridad y firmeza para recuperar la confianza ciudadana.
El impacto político también será significativo, ya que Orlando Arévalo mantenía vínculos estrechos con sectores influyentes del oficialismo. Cualquier avance judicial podría tener repercusiones internas dentro del Partido Colorado y sus alianzas estratégicas.
Fuente: ABC Color
