Carlos Martínez, líder indígena de la colonia Jaguati en el departamento de Amambay, denunció haber recibido amenazas directas presuntamente provenientes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC). El hecho ocurrió durante el último fin de semana, cuando se encontró un panfleto con mensaje intimidatorio escrito a lápiz, dirigido específicamente a él. La nota advertía que debía permitir el desarrollo de actividades ilícitas en su comunidad o atenerse a las consecuencias.
La amenaza fue reportada de inmediato a la Policía Nacional, que posteriormente remitió el caso al Ministerio Público para su investigación. El contenido del mensaje apuntaría a represalias por una denuncia realizada dos meses atrás, en la cual se alertó a las autoridades sobre la existencia de plantaciones ilegales de marihuana en la zona. Esta acción derivó en operativos policiales y la destrucción de cultivos ilícitos dentro del territorio indígena.
Amambay: zona de alto riesgo por crimen organizado
El departamento de Amambay, especialmente la ciudad de Pedro Juan Caballero, es reconocido por la fuerte influencia del crimen organizado, siendo el PCC uno de los grupos con mayor presencia en la región. Según especialistas en criminología, como Juan Martens, el control territorial de estas organizaciones se extiende incluso a comunidades indígenas, donde buscan operar con impunidad bajo amenazas o cooptación.
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La colonia Jaguati se encuentra en una zona estratégica para actividades ilícitas, como el narcotráfico y el contrabando, debido a su proximidad con la frontera. La denuncia de Martínez evidenció el riesgo que enfrentan los líderes comunitarios al enfrentar directamente a estas estructuras criminales. Su decisión de colaborar con las autoridades representa un acto que, si bien promueve el cumplimiento de la ley, también lo expone a represalias graves.
Ministerio Público investiga el caso
El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal para investigar la amenaza recibida por el líder indígena. Fuentes cercanas al caso no descartan que el mensaje forme parte de una estrategia de intimidación recurrente utilizada por el PCC para desalentar denuncias o acciones policiales en zonas de interés para sus operaciones.
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La situación de las comunidades indígenas en zonas de influencia del crimen organizado plantea un problema estructural. En muchos casos, la falta de presencia estatal, la debilidad institucional y la ausencia de programas de protección eficaz colocan a los líderes locales en una posición frágil frente a grupos delictivos. La denuncia de Carlos Martínez se suma a otros casos similares ocurridos en departamentos fronterizos, donde las comunidades son utilizadas como corredores de actividades ilegales.
Fuente: Última Hora
