Un juez de Paz emitió una controvertida orden que prohíbe a la familia de la joven fallecida nombrar a la odontóloga responsable de su muerte.
La familia Chávez Franco denunció públicamente una medida cautelar dictada por el juez de Paz José Segundo Velázquez Alfonso, que les impide mencionar o acercarse a la odontóloga condenada por el homicidio culposo de su hija María Sol Chávez. La joven falleció en abril de 2021 tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por la ingesta de dos gramos de flúor en comprimidos durante un tratamiento odontológico.
¡Lamentable! Hicieron copy paste en medida cautelar y se olvidaron de cambiar el nombre
María Edith Franco de Chávez, mamá de Sol Chávez, la joven que murió en abril de 2021 de un paro cardiorrespiratorio horas después de haber ingerido 2 gramos de flúor en comprimidos,… pic.twitter.com/E4pQBVHq0s
— Radio Ñandutí (@nanduti) March 29, 2025
Esta decisión judicial ha generado indignación en los padres, quienes la califican como un intento de silenciar su lucha por justicia, en un caso que ha conmocionado a la sociedad paraguaya por sus numerosas irregularidades procesales.
Medida cautelar con graves irregularidades formales
El documento judicial compartido por la familia Chávez Franco revela serias deficiencias en su elaboración. La odontóloga Lilia Graciela Espinoza presentó una denuncia contra los padres de Sol utilizando la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer, alegando “hostigamiento y violencia” por parte de la familia.
Sin embargo, en el oficio comunicado a la Policía Nacional, el juez Velázquez Alfonso indica erróneamente que los padres fueron denunciados por “violencia doméstica”, evidenciando una confusión conceptual grave entre dos figuras jurídicas distintas.
El documento presenta errores adicionales, como la mención de una persona completamente ajena al caso, cuyo nombre fue posteriormente “corregido” a bolígrafo. María Edith Franco, madre de Sol, expresó su indignación: “Este oficio enviado es una burla, ni siquiera está dirigido a nosotros, es un copy de otro demandado. Este juez firma nomás y no lee, es un inepto e irresponsable”.
La medida ordena a la Policía brindar protección a la odontóloga y establece la prohibición de acercamiento para los padres, quienes no pueden realizar “actos de violencia física, verbal o psicológica” ni comunicarse por ningún medio con la profesional condenada, bajo amenaza de “medidas más severas” en caso de incumplimiento.
El doloroso camino de una familia en busca de justicia
“Como si fuese poco todo el sufrimiento que venimos pasando con mi familia en busca de la tan anhelada justicia por la muerte de nuestra María Sol, hoy la propia ‘Justicia’, pretende cercenarnos en nuestro derecho como víctimas”, señala el comunicado difundido por la familia Chávez Franco.
Los padres sostienen que el juez busca silenciarlos mediante una «medida coercitiva» sin fundamento, que interpretan como “una abierta violación a nuestra libertad de expresión y nuestro derecho de exigir justicia”. A pesar de esta situación, la familia ha manifestado su determinación de continuar luchando, exigiendo que las altas autoridades del Poder Judicial investiguen la actuación del juez Velázquez Alfonso.
La indignación de los padres se ha intensificado dado que esta medida se produce mientras realizan manifestaciones pacíficas frente al Palacio de Justicia, donde se encadenan periódicamente para visibilizar su exigencia de justicia por la muerte de su hija.
Un proceso judicial cuestionado y sin resolución firme
El caso judicial ha seguido un tortuoso camino desde el fallecimiento de María Sol Chávez. El 5 de agosto de 2024, la odontóloga Lilia Espinoza y la químico-farmacéutica Sandra Hermosa fueron sentenciadas a apenas dos años de pena privativa de libertad por homicidio culposo, una condena considerada extremadamente leve por los familiares de la víctima.
Las protestas y recursos legales presentados por la familia lograron que, en diciembre pasado, un Tribunal de Apelación anulara la sentencia y ordenara la realización de un nuevo juicio oral y público. Sin embargo, a mediados de marzo, la Cámara de Apelaciones decidió postergar este nuevo proceso, prolongando la angustia de los padres.
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El caso de Sol Chávez pone de manifiesto graves deficiencias en el sistema judicial, desde las condenas iniciales consideradas insuficientes hasta esta reciente medida cautelar que restringe los derechos de expresión de una familia en duelo. La utilización de una ley diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia como herramienta para silenciar a padres que reclaman justicia evidencia las profundas contradicciones de un sistema que, en palabras de la familia, parece funcionar como una “mafia de medidas cautelares coercitivas”.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre el acceso a la justicia en Paraguay y la protección efectiva del derecho a la libre expresión, especialmente cuando se trata de víctimas que buscan verdad y reparación en casos de negligencia profesional con consecuencias fatales.
Fuente: ABC Color
