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En menos de una semana, Paraguay registró dos filtraciones masivas de datos personales provenientes de instituciones públicas. La primera comprometió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), exponiendo información del Registro Cívico Permanente de más de siete millones de ciudadanos. La segunda afectó al Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay e Itaipú, con más de 17.000 registros sobre pagos, salarios y números de cédula de funcionarios públicos.
Estos incidentes evidencian una grave debilidad del Estado en materia de protección de datos. En particular, la exposición de la afiliación política y domicilios en el caso del TSJE representa una violación a estándares internacionales que catalogan esta información como altamente sensible. A pesar de la existencia de la Ley N° 6534/2020 sobre datos crediticios, Paraguay carece de una legislación integral que establezca responsabilidades claras para las entidades públicas.
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Desde la organización TEDIC se viene alertando sobre este vacío normativo desde hace más de una década. La falta de una ley general, de una autoridad de control independiente y de mecanismos de fiscalización impide una respuesta efectiva ante la creciente digitalización del Estado. A esto se suma la ausencia de un plan nacional actualizado de ciberseguridad, lo que agrava la exposición de los sistemas institucionales.
Puedes leer el posicionamiento sobre filtraciones de datos personales emitido por TEDIC aquí.
Los hechos no se limitan a filtraciones puntuales. Se trata de una problemática estructural, como lo demuestra la falta de avances legislativos. El proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue aprobado en general en diciembre de 2024, pero aún no ha sido tratado artículo por artículo. El 4 de marzo figuraba como punto del orden del día en la primera sesión del año, pero no fue tratado por falta de quórum. Esta situación pone en evidencia una preocupante falta de compromiso institucional ante un tema crítico.
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Mañana, 1 de abril, la Cámara de Diputados tiene previsto continuar el tratamiento del proyecto de ley. El contexto no podría ser más urgente, especialmente tras las recientes filtraciones que afectaron al TSJE, Hacienda, el BCP e Itaipú, comprometiendo datos personales y financieros de millones de personas. La necesidad de una normativa clara, con sanciones efectivas y una autoridad de aplicación independiente, es cada vez más evidente.
La exposición de datos sin resguardo no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas. TEDIC insiste en la urgencia de una ley integral con enfoque de derechos humanos, inversión en infraestructura tecnológica y formación de recursos especializados. Sin estos elementos, Paraguay seguirá siendo un territorio vulnerable a nuevas filtraciones y riesgos digitales crecientes.
Por RDN
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