Foto: Archivo.
Este 31 de marzo se cumplen ocho años de uno de los episodios más críticos de la democracia paraguaya reciente. En 2017, un grupo de 25 senadores sesionó de manera irregular en el subsuelo del Congreso Nacional y aprobó un proyecto de enmienda constitucional que habilitaba la reelección presidencial, una figura prohibida por la Constitución vigente. El hecho detonó una grave crisis institucional y generó una ola de protestas ciudadanas que fueron respondidas con una represión desmedida por parte de la Policía Nacional.
La maniobra legislativa fue impulsada por el entonces presidente Horacio Cartes y contó con el respaldo de varios sectores políticos, incluyendo al expresidente Fernando Lugo. La sesión del Senado fue realizada a puertas cerradas, sin acceso público ni cobertura mediática, en abierta contradicción con las normas parlamentarias. La reacción ciudadana no se hizo esperar, y miles de personas se concentraron frente al Congreso para rechazar lo que fue considerado un atropello a la institucionalidad democrática.
En la noche del 31 de marzo, manifestantes que buscaban rodear el edificio del Congreso fueron duramente reprimidos por unidades antimotines. El entonces diputado Édgar Acosta resultó gravemente herido tras recibir un disparo de bala de goma en el rostro. Horas después, tras el repliegue policial, el Congreso fue parcialmente incendiado, en medio del caos y el vacío de seguridad deliberadamente generado por las fuerzas del orden.
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La madrugada del 1 de abril, la represión se trasladó a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde efectivos policiales ingresaron sin orden judicial. En el interior del edificio, el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana fue asesinado por la espalda por un agente que utilizó municiones letales. Se trató de una acción que violó normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
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Más de 200 personas fueron detenidas esa noche, incluyendo menores de edad, quienes denunciaron apremios físicos y psicológicos. A pesar de la gravedad de los hechos, la mayoría de los responsables políticos y operativos continúan sin ser juzgados. La investigación fiscal ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
En conmemoración a Rodrigo Quintana, el PLRA realizará este lunes dos actos simbólicos. El primero, en su sede central, incluirá una representación teatral y una marcha simbólica hacia el Palacio de Justicia. Allí se exigirá justicia, la transmisión pública del juicio oral, y la incorporación de este capítulo de la historia reciente al Museo de la Justicia y el Archivo del Terror, como garantía de memoria y no repetición.
Fuente: ABC Color
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