Foto: Archivo.
El exlegislador Orlando Arévalo presentó sorpresivas “actualizaciones” a sus declaraciones juradas el mismo día que dejó el Congreso, reduciendo drásticamente su patrimonio declarado. Una investigación revela maniobras contables sospechosas que coinciden con el inicio de pesquisas fiscales por presunto lavado de dinero.
Orlando Arévalo, exdiputado cartista por Central, modificó abruptamente sus declaraciones patrimoniales el pasado 28 de febrero, coincidiendo con la aceptación de su renuncia por parte de la Cámara de Diputados. El legislador, forzado a abandonar su banca tras verse implicado en un escándalo de presunto “uso indebido de influencias” desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presentó una “actualización” que redujo su patrimonio en más de 4.200 millones de guaraníes.
Esta repentina corrección patrimonial se produce en un contexto particularmente sensible para Arévalo, quien ya se encontraba bajo la lupa de la Contraloría General de la República. El ente contralor había iniciado el 5 de febrero un examen de correspondencia sobre sus bienes, evaluando la coherencia entre su patrimonio declarado y sus ingresos legítimos como funcionario público.
La reducción patrimonial no fue un ajuste menor. En su declaración original de 2023, Arévalo reportaba un patrimonio neto de G. 4.678.443.214, que sorpresivamente se desplomó a apenas G. 412.947.626 en su “actualización”. Estos números despiertan serias dudas sobre la veracidad de ambas declaraciones y sugieren un posible intento de evadir controles fiscales.
Un análisis detallado de las declaraciones juradas revela inconsistencias flagrantes en la valoración de sus propiedades. En 2023, Arévalo declaró seis inmuebles por un valor total de G. 1.385.002.000. Sin embargo, en su “actualización” de febrero, aunque aumentó a siete propiedades, el valor combinado descendió inexplicablemente a G. 545.000.000.
El caso más notorio es su residencia en Lambaré, construida sobre dos terrenos contiguos que funcionan como una unidad. El primer terreno, originalmente valorado en G. 430.000.000, fue reducido a G. 130.000.000. Más alarmante aún, el segundo lote pasó de G. 670.000.000 a apenas G. 70.000.000, eliminando por completo el valor de la construcción en la declaración.
Esta mansión, que alberga lujos como un “inodoro inteligente” valuado en G. 13 millones, ha sido objeto de cuestionamientos públicos, especialmente considerando que pertenece a un funcionario que debería vivir exclusivamente de su salario público.
Paralelamente a la devaluación de sus activos, Arévalo incrementó sus pasivos de forma igualmente sospechosa. De no declarar deudas en 2023, pasó a reportar obligaciones por G. 1.124.076.692 en su última declaración. Entre estas nuevas deudas figuran un crédito de G. 401.109.434 con Banco Zeta, otro de G. 235.139.580 con la Cooperativa de Lambaré, supuestamente adquirido en mayo de 2023 pero nunca declarado en su momento, y un tercer crédito de G. 264.627.896 del Fondo de Jubilaciones Legislativo.
Las maniobras contables de Arévalo no han pasado desapercibidas para las autoridades. El 13 de febrero, la Fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de dinero y otros delitos contra el exdiputado y su esposa, la concejala de Lambaré, Carolina González (ANR, HC).
Resulta particularmente reveladora una declaración de la propia González, quien admitió haber solicitado a la constructora de su “glamurosa” vivienda una forma de justificar la inversión mediante un crédito: “Obvio que no me van a dar el total de lo que va a costar la construcción, pero para poder justificar por qué tengo eso y que saqué un crédito para construir”, expresó sin reparos.
La presentación de dos declaraciones juradas casi idénticas en un lapso de apenas cuatro días (24/02/2025) levanta aún más sospechas. Que la segunda declaración, presentada por “baja del cargo”, sea una copia exacta de la “actualización” resulta matemáticamente imposible, pues implicaría que su patrimonio no experimentó ningún cambio en el periodo entre junio de 2023 y febrero de 2025.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Este aparente intento de “acomodar” cifras plantea serias interrogantes sobre el origen real de la fortuna del matrimonio Arévalo-González y podría configurar delitos como falsedad en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La reducción súbita de más de 4.200 millones de guaraníes en el patrimonio declarado de un legislador, precisamente el día que abandona su cargo público, no es un simple error administrativo sino una señal de alerta que exige una respuesta institucional a la altura de la gravedad de los hechos.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.
