Hoy se cumplen ocho años desde que diversos sectores de la sociedad paraguaya iniciaron una férrea resistencia contra el intento de modificar la Constitución Nacional para habilitar la reelección presidencial. El 28 de marzo de 2017, un grupo de 25 senadores afines al entonces presidente Horacio Cartes, al expresidente Fernando Lugo y al político liberal Blas Llano, realizaron una controvertida sesión en el subsuelo del Senado, popularmente conocida como la sesión mau, donde modificaron el reglamento interno para facilitar una enmienda constitucional reeleccionista, apenas 28 años después del fin de la dictadura stronista.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. El 29 de marzo, los obispos católicos de todo el país emitieron duros pronunciamientos contra lo que consideraban un atropello constitucional. En el Santuario María Auxiliadora de Asunción apareció un pasacalle condenando la enmienda. Paralelamente, importantes gremios empresariales como la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificaron lo sucedido como grave y payasesco, mientras la Unión Industrial Paraguaya (UIP) mantenía un cuestionado silencio desde diciembre.
El ámbito universitario también se manifestó con contundencia. Los centros de estudiantes de las facultades de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denunciaron lo que denominaron Golpe Parlamentario. Las primeras movilizaciones ciudadanas comenzaron a gestarse en el microcentro de Asunción, Ciudad del Este y Carapeguá, mientras los partidos opositores instaban a la población a salir de las redes sociales y defender la democracia en las calles.
La indignación ciudadana se manifestó además con actos de repudio frente a las viviendas de senadores liberales que apoyaron la iniciativa, como Julio César Franco y Blanca Lila Mignarro. En el ámbito institucional, el entonces presidente del Senado, Robert Acevedo, anunció que accionaría ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sesión del 28 de marzo, aunque un año después el Poder Judicial terminaría legitimando dicha sesión. Simultáneamente, en la Cámara de Diputados, la mayoría cartista impedía cualquier debate sobre lo ocurrido.
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La tensión aumentaba por horas. Legisladores de la disidencia colorada denunciaban el despliegue de las Fuerzas Armadas y francotiradores policiales en las inmediaciones del Congreso, interpretado como un intento de intimidación hacia los manifestantes. El clima de crispación fue escalando hasta convertirse en el preludio de los graves acontecimientos que tendrían lugar el 31 de marzo, fecha en que las fuerzas antimotines reprimieron violentamente a manifestantes frente al Congreso y la sede legislativa fue parcialmente incendiada.
Los hechos culminaron trágicamente cuando, durante una operación policial descrita como una cacería nocturna de manifestantes, un grupo de agentes ingresó violentamente a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 1 de abril, donde asesinaron a Rodrigo Quintana. Este episodio marcó un punto de inflexión en las protestas y finalmente la enmienda reeleccionista fue abandonada, demostrando cómo la movilización ciudadana, a pesar del alto costo, logró frenar un intento de modificación constitucional que muchos consideraban un retroceso para la democracia paraguaya.
Fuente: ABC Color
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